La OCDE ve leve el impacto del COVID en las pensiones y propone un ajuste automático ante el reto del envejecimiento

La crisis de la COVID va a tener un impacto sobre la financiación del sistema de pensiones que la OCDE considera "relativamente modesto" si se compara con el reto que supone para su viabilidad el envejecimiento de la población, para el que la principal recomendación es un sistema de ajuste automático. En su informe bienal sobre las pensiones publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que el mayor impacto de la crisis ha sido el déficit de cotizaciones, que se ha compensado en gran medida con transferencias desde los presupuesto de los Estados.

Por eso, su diagnóstico es que el efecto a medio plazo será limitado, aunque se pueden agravar los desequilibrios ya presentes en ciertos países, sobre todo si un cambio de las políticas de tipos de interés históricamente bajos de los grandes bancos centrales vuelve a poner bajo presión las finanzas públicas. Algunos países han autorizado una recuperación individual excepcional de cotizaciones acumuladas para compensar el choque por la COVID. Entre ellos está Chile, donde los autores del estudio avisan de que las repercusiones en términos de disminución de las futuras pensiones corren el riesgo de ser mayores.

Hay que tener en cuenta que la tasa de reemplazo (porcentaje del salario durante la vida laboral que reciben en forma de pensión los que han cubierto el periodo de cotización) de Chile en el futuro se ha estimado en el 31,2 %, una de las más bajas y netamente inferior a la media del 51,8 % en la OCDE. El aumento de la mortalidad por la pandemia ha reducido en un 0,8 % de media en los Estados miembros de la organización el grupo de personas con más de 65 años, y eso ha supuesto "una ligera baja" de los costos de las pensiones.

El envejecimiento, el 'gran problema' que exigirá "decisiones difíciles"

Todos esos elementos -subraya la OCDE- son "insignificantes" si se comparan con el problema de la viabilidad financiera de largo plazo por el envejecimiento, que va a exigir "decisiones difíciles", es decir, aumentar las cotizaciones, retrasar la edad de jubilación o disminuir las pensiones. Los autores del estudio ponen el acento en que para afrontar ese desafío los mecanismos de ajuste automático, que ya existen en dos tercios de los países miembros, son "cruciales" porque definen la dirección que deben adoptar los regímenes y porque cualquier cambio en su funcionamiento exige luego un debate público.

Esos mecanismos automáticos reducen el costo político de mantener la viabilidad del sistema, ya que evitan muchas reformas recurrentes y disminuyen el riesgo de tener que proceder a ajustes muy pronunciados. Además -insisten-, son más transparentes y más justos entre generaciones. Pero al ser dispositivos concebidos para durar, necesitan obtener un alto consenso político para que no sean derogados por un simple cambio de mayoría. Los modelos "más eficaces" de ajustes automáticos para la OCDE son los de Suecia y Finlandia.

El de Suecia establece un mecanismo de equilibrio para garantizar la solvencia del régimen e indexa la edad de la jubilación con la esperanza de vida. El de Finlandia modifica la edad futura de la jubilación en función por dos tercios de la esperanza de vida y también ajustando la cuantía de las pensiones. En caso de que eso no fuera suficiente, se contempla igualmente la alteración del nivel de cotizaciones.

La OCDE considera que el aumento de la esperanza de vida debería ser compensada, al menos en parte, por el incremento de la edad de jubilación, "una medida que protege a la vez el nivel de pensiones y su financiación". También será "probablemente" necesaria otra corrección para tener en cuenta la reducción relativa de la población en edad de trabajar, la que cotiza y determina los ingresos del sistema. Y como es posible que esos ajustes no basten para el equilibrio financiero, habrá que recurrir a un mecanismo de equilibrio automático, que al final es el que puede ofrecer la viabilidad de largo plazo.

Con las reformas adoptadas hasta ahora y en la hipótesis improbable de que no hubiera otras en el futuro, la edad de jubilación normal en los países miembros debería pasar de los 64,2 años en 2020 a 66,1 años a mediados de la década de 2060. La horquilla prevista es muy grande, entre los 62 años en Colombia, Luxemburgo y Eslovenia y los 69 o más en Dinamarca, Italia, Países Bajos o Estonia.

El informe repasa algunas de estas últimas reformas, como la de México, que con un aumento sensible de las cotizaciones "reforzará las pensiones futuras". También la de Brasil, que al fijar edades mínimas para la jubilación, modificar los tipos de cotización y ajustar el cálculo de prestaciones debería "mejorar considerablemente la financiación de las pensiones".

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