El decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros incluye modificaciones a la Ley de la cadena alimentaria, entre ellas sanciones de hasta 100.000 euros (y hasta un millón si se reitera) por vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos, una práctica prohibida.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha puesto el énfasis en la publicidad de las sanciones graves y muy graves por afectar a la "reputación" que puede tener para el operador que la incumpla. La venta a pérdidas se penaliza de forma generalizada, salvo en dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas.
También se endurecen las sanciones previstas si no se cierran por escrito los contratos de productores con fabricantes y supermercados, y se obliga a incluir en ellos el coste de producción original.
Su cálculo lo cerrarán de mutuo acuerdo las partes o se guiarán por índices de referencia públicos, teniendo en cuenta factores como los costes de las semillas, la energía, los herbicidas, los fitosanitarios o los laborales. A partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" que inducen a "error" sobre el precio de los productos.
Se incluyen novedades como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a los nuevos jóvenes agricultores; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para controlar los alojamientos destinados a temporeros. Planas ha explicado su contenido a las organizaciones agrarias en una posterior reunión y, aunque considera que responde "de manera significativa a la mayoría de las demandas" presentadas, ha reconocido que "queda trabajo por hacer".
Las ha emplazado a seguir debatiendo otros temas a través de un comité asesor agrario y ha hecho nuevas promesas, como dar continuidad durante la legislatura al régimen fiscal singular del sector agrario y las bonificaciones vigentes para el gasóleo.
También ha señalado la intención de incrementar al menos en un 10% la dotación de seguros agrarios combinados en los próximos presupuestos generales. Planas ha presentado dos propuestas de línea de ayudas en el ámbito energético por valor de 60 millones de euros, la mitad para fomentar el autoconsumo y las renovables, y la otra mitad para mejorar la eficiencia energética. Tras el encuentro, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha tachado de "insuficiente" el contenido de las medidas adoptadas, puesto que "quedan muchas cosas" como desgravaciones fiscales y concreción en las tarifas eléctricas y los seguros agrarios.
Barato ha confirmado que seguirán las movilizaciones, al igual que ha dicho el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que ha recalcado que seguirán negociando con el fin de lograr nuevos acuerdos sobre las cuestiones pendientes.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha precisado que en los próximos días analizarán qué decisiones tomar respecto a las protestas y ha celebrado la "reivindicación histórica de que desaparezca las ventas a pérdidas".
En los mismos términos se ha expresado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha afirmado en el Senado que el decreto ley aprobado atiende a una de las "demandas históricas" del campo, por prohibir la venta de un producto por debajo del coste para el agricultor. La patronal de industrias alimentarias FIAB, por su parte, ha mostrado sus "dudas" sobre la "efectividad" y la compatibilidad con la libre competencia de la obligación de incluir los costes de producción en los contratos.
