El Municipio recordó que desde diciembre pasado obliga a todos los apartamentos privados que se anuncian en estas plataformas de alquiler turístico a registrarse en el Ayuntamiento e incluir en los anuncios un número de referencia.

"Hasta ahora, solo el 16,1 % de los 60.000 anuncios parisienses de Airbnb ponen el número de registro de forma adecuada", indicó el Ayuntamiento en un comunicado. Aseguró que los responsables de la popular plataforma en Francia han declarado públicamente su intención de no exigir ese registro a sus anunciantes.

Además de Airbnb, la denuncia se refiere también a Wimdu y Paris attitude, mientras que "varias plataformas han optado por respetar la regla". Por ello, el Ayuntamiento señaló que ha acudido a los tribunales, que celebrarán una vista el próximo 12 de junio.

En la misma, la Alcaldía pedirá a Aibnb y a las otras plataformas denunciadas que retiren los anuncios que no tienen el número de registro so pena de una sanción de 1.000 euros por día de retraso. Además, solicitarán que el tribunal de París prohíba inscribir nuevos anuncios sin el consiguiente registro bajo pena de 5.000 euros por cada uno y por cada día de publicación.

Aibnb se mostró "decepcionada" por esta decisión del Ayuntamiento y acusó a París de crear reglas "complejas" más adaptadas a profesionales que a particulares. "Animamos a París a seguir el ejemplo de ciudades como Londres, Berlín y Barcelona, con las que hemos trabajado eficientemente para introducir medidas de sentido común para promover un alquiler turístico responsables e impedir abusos", indicó en un comunicado.

El alquiler turístico de apartamentos privados se ha masificado en París en los últimos meses. Según los datos del Ayuntamiento, la capital francesa ha perdido 20.000 viviendas de alquiler tradicional en los cinco últimos años, la mayor parte de ellas transformadas en apartamentos turísticos alquilados por días o por semanas. "Eso supone otras tantas viviendas que no pueden ser puestas a disposición de los parisienses", agregó la Alcaldía, que recordó que desde 2014 trata de crear un marco regulatorio para esa práctica.

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