Portugal dice adiós a la Golden Visa con la que venía concediendo la residencia a cambio de inversiones y prohíbe nuevas licencias para pisos turísticos, excepto si son rurales y están en zonas despobladas.
Son medidas del nuevo plan de choque del Gobierno luso para atajar la crisis de vivienda que sufre el país vecino y que tiene entre sus ejes "combatir la especulación inmobiliaria", según anunciaba la semana pasada el primer ministro, António Costa.
Así, Portugal ya no concederá más 'Vistos Gold', como se conoce a los visados para inversores que desde 2012 otorga a cambio de la compra de inmuebles, grandes inversiones o creación de puestos de trabajo. Los visados ya concedidos -11.535 desde que arrancó el programa hace más de una década- solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes o si la casa se coloca en el mercado de alquiler "de forma duradera".
En cuanto a los alojamientos turísticos, el Ejecutivo luso prohibirá la concesión de nuevas licencias, con una excepción: los alojamientos rurales en municipios del interior donde "no hay presión urbanística" y "puedan ser un factor importante para la dinamización económica". Las licencias ya concedidas se revisarán en 2030 y, a partir de entonces, se someterán a evaluaciones periódicas cada cinco años.
Además, los propietarios de alojamientos turísticos tendrán que pagar una tasa extraordinaria que irá destinada a financiar políticas de vivienda y también habrá beneficios fiscales para quien, hasta 2024, pase su piso turístico al mercado del alquiler de vivienda.
Tras su aprobación el pasado jueves en el Consejo de Ministros, el paquete de medidas, valoradas en 900 millones de euros, se someterá a debate público antes de iniciar su tramitación parlamentaria en marzo. Repasamos sus claves:
Aumentar la oferta de vivienda
- Se alterará el uso de terrenos y edificios de servicios o comercio para destinarlos a vivienda.
- El Estado cederá terrenos o edificios a cooperativas y entidades del sector privado para que desarrollen vivienda a costes accesibles.
Simplificar licencias
- Los proyectos dejan de estar sujetos al licenciamiento municipal y se obtendrá la licencia bajo una declaración de responsabilidad del proyectista.
- Habrá penalización financiera para las entidades públicas que incumplan los plazos legales para conceder licencias.
Aumentar la oferta del mercado del alquiler
- Reforzar la confianza de los propietarios para que alquilen sus inmuebles: a tal efecto, el Estado se ofrece a alquilar las viviendas disponibles a precios de mercado durante cinco años para subarrendar y asume el riesgo por el propietario. Para los alquileres ya existentes, cuando haya al menos tres meses de impago, el Estado asumirá el alquiler, intentará solucionar la situación del inquilino si hay un problema social o se encargará, en su caso, del desahucio.
- Incrementar la oferta pública con una exención del impuesto a las plusvalías para la venta de viviendas al Estado o los municipios.
- Promover el alquiler accesible:
- Se prevén incentivos para que los pisos turísticos regresen al mercado de vivienda y se prohíben nuevas licencias excepto las rurales en municipios despoblados, mientras que las vigentes se revisarán en 2030. Además, se crea una tasa extraordinaria para estos propietarios y habrá beneficios fiscales para quien cambie su piso turístico al mercado regular.
- Otros incentivos fiscales para viviendas en régimen de alquiler accesible, como tasa cero del impuesto de trasmisiones y del impuesto sobre bienes inmuebles.
- Será obligatorio alquilar las casas desocupadas durante más de un año, situación en la que hay unas 730.000.
- Rebajas fiscales para el régimen de alquiler accesible y para promover la estabilidad de los contratos.
Combatir la especulación
- Fin de las concesiones de nuevas Golden Visa.
- Los visados ya concedidos solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes o si se coloca en el mercado de alquiler de forma duradera.
- Se limitará el precio del alquiler para los nuevos contratos, que se calculará teniendo en cuenta valores de contratos anteriores y actualizaciones bajo criterios ligados a la inflación.
Apoyar el pago de hipotecas y alquileres
- Exención del impuesto sobre las plusvalías de amortización de las hipotecas para las viviendas propias y de descendientes.
- Los bancos deberán ofertar de forma obligatoria hipotecas a tipo fijo.
- Habrá medidas de protección frente a las subidas de los tipos de interés que pueden ir hasta los 720 euros anuales.
- El Estado concederá subsidios de hasta 200 euros al mes para garantizar que la tasa de esfuerzo no supera el 35% a familias con ingresos mensuales de hasta 2.700 euros.