Este fin de semana, miles de personas salieron a las calles de varias ciudades españolas en una oleada de manifestaciones para exigir soluciones inmediatas a la crisis del alquiler que está expulsando a miles de ciudadanos del mercado de la vivienda. Con pancartas y consignas que reflejan el hartazgo social, los manifestantes pidieron al gobierno medidas urgentes para frenar el imparable incremento de los alquileres, la falta de oferta y la especulación que, año tras año, encarece el acceso a un derecho fundamental como es la vivienda.

El detonante de estas protestas es el aumento del 8% que se prevé para los precios de alquiler en 2024, sumado al 10% que ya subieron en 2023. "No podemos seguir así. Los sueldos no crecen al mismo ritmo y, cada vez, más gente se queda fuera del mercado de la vivienda", declaraba un manifestante. La razón de este desequilibrio es evidente: la oferta de viviendas en alquiler está en su punto más bajo en décadas. "La oferta del alquiler atraviesa su peor momento del siglo XXI", asegura María Matos, directora de Fotocasa.

Este desajuste entre la oferta y la demanda es lo que está detrás de la escalada de precios. A esto se suma la concentración de la propiedad: el número de multipropietarios ha crecido un 20% en la última década, lo que ha favorecido prácticas especulativas que solo agravan el problema. Jaime Palomera, investigador especializado en vivienda, señala que "gran parte de las viviendas se destinan a mercados muy especulativos, lo que limita aún más el acceso a un alquiler asequible".

Para los más vulnerables, esta crisis es aún más grave. Se estima que España necesitará más de un millón de viviendas de alquiler social para 2030 si quiere equipararse con la media europea, una meta que parece cada vez más lejana. "Hay muy poca obra nueva en las ciudades", advierte Vicente Martínez, agente inmobiliario. Desde la crisis de 2008, la creación de nuevos hogares ha superado con creces la construcción de viviendas, lo que ha acentuado la escasez actual.

Los constructores culpan a los elevados costos de la construcción como el principal obstáculo para aumentar la oferta de viviendas. En estos momentos, faltarían más de 200.000 casas para satisfacer la demanda actual, una cifra que seguirá aumentando si no se adoptan medidas estructurales.

Las manifestaciones de ayer no solo reflejan el descontento con el presente, sino también la preocupación por un futuro que, de no cambiar el rumbo, seguirá haciendo de la vivienda un lujo inaccesible para muchos. Las exigencias de los manifestantes son claras: más inversión en vivienda social, regulación del mercado de alquiler y freno a la especulación. El mensaje es contundente: la vivienda no puede seguir siendo un bien de mercado, sino un derecho garantizado.

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