"La economía española va como un cohete". El Gobierno lleva meses insistiendo que la curva y el crecimiento del mercado laboral, con una cifra récord del número de afiliados a la Seguridad Social superando los 21,1 millones de trabajadores y con una reducción del paro, va viento en popa. Una afirmación que la propia OCDE ha corroborado en su último informe publicado el pasado 5 de junio sobre la evolución de la productividad laboral en España, en el cual se recalca la importancia de la reforma laboral del 2021 como punto de partida del cambio de paradigma en el país.
Los argumentos son sencillos: las "buenas condiciones laborales" contribuyen a mejorar la productividad de los trabajadores dentro de las empresas. Por lo tanto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 54,1% desde el 2018 y la bajada de los contratos temporales ha hecho que las expectativas de la OCDE hayan pasado de dibujar un horizonte negro en España, a asegurar que "los primeros datos apuntan a un aumento de la productividad".
La OCDE ha explicado que al tener una base de contratación más estable dando un mayor peso a los contratos indefinidos y un incremento de los salarios más bajos, el resultado es un "empleo estable". A pesar de que la organización apluada al Gobierno, hay toda una serie de cuestiones que se deben mejorar en España y que en el informe sobre la evolución de la productividad laboral en España se han puesto encima de la mesa para que las autoridades tengan en cuenta de cara a próximas medidas y de cara al devenir de la economía española.
La importancia del salario mínimo
La subida del sueldo mínimo ha sido la medida estrella que más alaba la OCDE; sin embargo, hay una serie de hilos que siguen sueltos. Para garantizar el salario mínimo siga apoyando un amplio reparto de las ganancias de productividad sin socavar el empleo, la institución plantea una serie de cuestiones. En primer lugar, dejar de lado la parte política del SMI y reforzar los recursos para supervisar y evaluar los efectos del salario mínimo en el mercado laboral, garantizando al mismo tiempo la participación tanto de sindicatos como de empresarios. Para ello, se debe crear una plataforma o portal en donde se pueda realizar un seguimiento exhaustivo del impacto positivo de incrementar la cuantía mensual que llega a los bolsillos de los trabajadores.
Como segunda medida a instaurar en el mercado laboral español, la OCDE plantea la necesirad de asegurar que la subida del sueldo mínimo va a acompañda de la mano con una reducción de la pobreza en España. Para ello, uno de los ejemplos podría ser introducir una prestación por desempleo para reducir aún más la pobreza en el trabajo. En términos más generales, será importante garantizar que la mayor relevancia del salario mínimo como herramienta política se refleje en su configuración y diseño institucional.
Mayores incentivos para rescindir los contratos indefinidos
La reforma laboral de 2021 supuso un punto y aparte en los contratos laborales con una fuerte reducción de la incidencia de los contratos de duración determinada. "La incidencia de los contratos de duración determinada se redujo aproximadamente una cuarta parte, pasando de más del 20% en 2021, la segunda cifra más alta de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023", se explica en el informe.
¿Cómo se puede mejorar el tema de los contratos en España? La eliminación de los contratos temporales dio paso a la aparición de lo que se conoce como 'fijos discontinuos'. Por lo tanto, la transición natural debería ser pasar de la contratación intermitente a la indefinida a través de una información sistemáticamente a los trabajadores de las vacantes de puestos indefinidos regulares en la misma empresa.
Por otro lado, la OCDE señala que las renuncias en España debería tener mayores incentivos. A diferencia de otros países vecinos de la UE, aquellos empleados que terminan contrato por renuncia o consentimiento mutuo no tienen derecho a cobrar el paro o prestaciones por desempleo. Debido a esta legislación, se reduce la disposición de los trabajadores a rescindir voluntariamente de sus contratos indefinidos y aumenta el coste del despido para las empresas.
Para terminar el punto de los contratos, la OCDE establece que debería reajustarse el equilibrio entre la duración del periodo de preaviso y otros aspectos de la protección del empleo: "Los plazos de notificación son relativamente cortos, lo que dificulta la intervención temprana de los servicios públicos de empleo antes de que se produzca el despido. Para poder intervenir antes y prestar un apoyo más eficaz a los trabajadores desplazados, podría aumentarse el periodo de notificación, al tiempo que podrían ajustarse otros aspectos de la protección del empleo para mantener constante el rigor general de la protección del empleo".
Reducir la jornada laboral
El debate sobre el papel potencial de una semana laboral más corta para el bienestar y la productividad está cobrando fuerza no solo en España, sino en los países adscritos a la OCDE. Una cuestión que no se basa en el mero capricho de los trabajadores, sino que hay pruebas claras de que las jornadas laborales de ocho horas tienen una relación directa con el crecimiento de los riesgo para la salud y reducen la satisfacción y la productividad laborales por hora.
Por ello, desde la OCDE se anima al Gobierno a que a raíz de la coyuntura que se debate dentro del seno de la Unión Europea, se proponga una semana laboral más corta que pueda generar "efectos de productividad suficientemente importantes como para compensar a los empresarios por el aumento de los costes laborales por hora o a los trabajadores por la pérdida de ingresos".
Mejorar los ERTE
Aunque los ERTE ya presentan un plan de mantenimiento del empleo bien diseñado y estructurado, su eficacia en el futuro aún puede mejorarse para salvaguardar aún más al trabajador. En el informe se explica que uno de los puntos que se debería establecer de cara al futuro es la eficacia de la formación durante el trabajo a jornada reducida. Esto podría fomentarse a través de una formación relacionada con el trabajo y que sea impartida externamente por proveedores externos certificados y supervisando la eficacia de los cursos de formación mediante el uso de evaluaciones periódicas.
"La orientación de las ayudas podría mejorarse sustituyendo la cofinanciación directa de las empresas por cotizaciones patronales basadas en la experiencia. Esto podría formar parte de una reforma más amplia que introduzca un sistema de bonus-maluspara la financiación del seguro de desempleo, siguiendo los ejemplos de Francia y Estados Unidos. Este tipo de sistema incentivaría a los empresarios a internalizar los costes del trabajo a jornada reducida", ha especificado el informe de la OCDE.
