Repsol ha anunciado oficialmente su decisión de instalar una planta de hidrógeno renovable en Sines, Portugal, cumpliendo así la advertencia realizada anteriormente por su presidente, Antonio Brufau, sobre la posibilidad de trasladar inversiones fuera de España si el Gobierno mantenía el impuesto a las energéticas. Esta medida subraya la creciente preocupación de la compañía sobre el entorno fiscal en el país y marca un cambio significativo en su estrategia de inversión.

Según fuentes de la petrolera, la decisión de establecer la planta en Portugal responde a la falta de estabilidad fiscal en España. "Si no hay un entorno fiscal y regulatorio estable, las inversiones en España se iban a parar", afirmaron. En este sentido, Repsol argumenta que es más adecuado y ventajoso operar en un país donde no existen los gravámenes impuestos por el Gobierno español. La compañía también ha expresado que la permanencia del impuesto podría poner en peligro su plan estratégico de inversión de 3.000 millones de euros en España, destacando la necesidad de un marco regulatorio predecible para fomentar la inversión.

Este anuncio llega pocos días después de que el Gobierno español se comprometiera con Bruselas a mantener de forma permanente los gravámenes extraordinarios sobre el sector energético, impuestos que fueron inicialmente concebidos como temporales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que el plan fiscal estructural implicaría la extensión de estos tributos, los cuales han generado una recaudación de 2.859 millones de euros hasta la fecha. Sin embargo, este proceso legislativo aún no ha comenzado, lo que añade incertidumbre sobre su futura aplicación.

La amenaza de Repsol no es nueva. Brufau ya había señalado que, sin una "estabilidad jurídica y fiscal" en España, los planes de inversión de la compañía, que incluían 1.500 millones de euros destinados a impulsar el hidrógeno renovable, podrían desviar sus recursos hacia Portugal o Francia. En su momento, el presidente de Repsol enfatizó que su decisión dependería de las condiciones fiscales en comparación con otros países europeos, alertando que un impuesto que no existiera en Francia o Portugal influiría en su elección de inversión.

El anuncio de la planta de hidrógeno renovable en Portugal también se produce en un contexto de creciente presión sobre las energéticas, que han reportado beneficios récord en los últimos dos años. A pesar de estos resultados positivos, la reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha denunciado la falta de solidaridad de las grandes empresas del sector, calificando de “obsceno” que una compañía con sobrebeneficios amenace con llevar sus inversiones al extranjero por la imposición de un recargo fiscal que él considera "razonable".

'Congela' dos inversiones en Tarragona

Repsol ha asegurado que mantendrá congeladas las dos grandes inversiones que tiene previstas en Cataluña, ambas en la provincia de Tarragona y valoradas en 1.100 millones de euros en total, si el impuesto del Gobierno a las energéticas acaba siendo permanente.

La multinacional española puede dejar en 'standby' la construcción en El Morell (Tarragona) de una ecoplanta para producir metanol y bimetanol renovable a partir de residuos no reciclables, presupuestada en 800 millones de euros, y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta, con 150 MW de capacidad y 300 millones de euros. "Si se penaliza a las empresas que apuestan por España, invierten en el país, crean riqueza, puestos de trabajo… y no nos dejan competir en igualdad de condiciones, paralizaremos nuestras inversiones", han asegurado fuentes de Repsol.

Las mismas fuentes sostienen que este impuesto "reduce" la capacidad de invertir y la rentabilidad de las inversiones y "penaliza" el esfuerzo necesario para la transformación de sus complejos industriales en 'hubs' multienergéticos, cada vez más descarbonizados, "poniendo en peligro la viabilidad futura de estos centros".

Repsol siempre ha defendido que este gravamen temporal energético es "arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio", y apunta que antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizarán "si las condiciones son estables y atractivas para garantizar los retornos de esas inversiones".

De momento, la compañía ha anunciado este lunes que invertirá en un electrolizador de cuatro megavatios en Sines (Portugal), mientras que en España siguen en 'standby' proyectos con una capacidad de electrólisis de 350 MW en un contexto marcado por el debate sobre el impuesto a las energéticas, que el Gobierno quiere hacer permanente. Aparte del de Tarragona, tiene pendientes un electrolizador en Cartagena (100 MW) y otro en Bilbao (100 MW).