Así lo ha indicado durante su comparecencia por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, que se ha reanudado este martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la que ha señalado que responderá a las preguntas de la Fiscalía, el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) y su abogado.
Rato se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de cárcel por delito de estafa a inversores y, en caso de ser condenado, sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
El expresidente de Bankia ha explicado durante su intervención que el plan de negocio de Caja Madrid, entidad que entonces presidía, elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad, sino que se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Según ha indicado, Caja Madrid estaba cerca del límite en lo relativo a los requisitos de capital y la legislación aprobada entonces exigía someterse a un proceso de 'fusión fría' con otras cajas, ya que las cajas de ahorros no tenían acciones y Caja Madrid no había emitido cuotas participativas (un instrumento similar a las acciones pero sin derechos de voto).
"Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros", ha señalado Rato, quien ha reiterado que este fue "el único motivo" por el que Caja Madrid aceptó entrar en el SIP.
Rato, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en tono altivo, ha asegurado que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, le llamó por teléfono y le citó en su despacho junto al que era presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para comenzar a negociar una fusión.
"El Banco de España me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas (Bancaja, Caja Avila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) eran razonablemente viables", ha señalado, a lo que la fiscal Carmen Launa ha respondido que, según un informe interno de inspectores de Banco de España, Bancaja se encontraba en un procedimiento de inspección del supervisor y su diagnóstico indicaba que contaba con una "escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia".
Sin embargo, Rodrigo Rato ha negado que tuviera acceso a dicho informe, que era interno del propio Banco de España y que "se contradice literalmente con lo que dijo en el momento de la creación del SIP". De esta manera, ha defendido que la opinión oficial y vinculante del supervisor bancario era la de su comisión ejecutiva, que afirmaba que estas cajas eran "perfectamente viables" y que los procesos de reestructuración venían dados si las entidades querían tener acceso al capital necesario para cumplir con los requisitos de la EBA.
"El Banco de España nos indicó claramente los pasos que teníamos que dar; no nos dio muchas opciones", ha defendido Rato, quien ha señalado que Caja Madrid estaba en contacto con otras cinco cajas y que el gobernador y el subgobernador del Banco de España incorporaron a Bancaja a ese proceso. "El Banco de España y el FROB decidieron que era bueno que hiciésemos una operación más grande y nosotros lo ejecutamos profesionalmente", ha indicado.
La fiscal también ha puesto en duda la independencia de Deloitte, que actuó como consultora y elaboró junto a AFI los un plan de viabilidad para la fusión de las cajas que sirviera como soporte al plan de integración, ya que la firma también era la auditora de Caja Madrid y Bancaja.
Sin embargo, Rato ha argumentado que Deloitte era entonces la auditora de todo el sistema bancario español, lo que consideró una ventaja profesional, mientras que AFI era la consultora de todas las cajas, por lo que conocía perfectamente el sector. "Nos pareció que eran dos firmas con experiencia en el sector y que daban suficiente seriedad a nuestro proceso, aparte de nuestros propios equipos internos", ha señalado.
Respecto a si contratar como consultor al que era auditor de Bancaja y Caja Madrid supone falta de independencia, el expresidente de Bankia ha sido tajante: "no opinó así ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni el FROB, ni el ICAC, ni Deloitte".
Por otro lado, Rato ha insistido en que en una de las cartas que recibió por parte del Banco de España en 2010, el supervisor afirmaba que los 4.600 millones de euros que las cajas recibieron del FROB les aportaban provisiones suficientes para cubrir deterioros durante los dos años siguientes.
Según ha reconocido, la única vez en la que los consejos de las entidades no siguieron las instrucciones del FROB -decisión de la que Rato afirmó que se alegraba-- fue cuando, debido a que el entorno económico "se estaba deteriorando", decidieron hacer provisiones contra el capital en lugar de contra resultados.
De esta manera, en su intención de ser "lo más conservadores posibles" en un contexto de deterioro de la economía, BFA provisionó 13.000 millones de euros, una cifra muy por encima de los 6.372 millones que recomendó el FROB para la fusión de las cajas y de los 7.146 millones que contemplaba el plan de integración, que PwC elevó a 11.500 millones de euros en su revisión de 2011.
