Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, han firmado el acuerdo de negociación que recomienda una subida salarial del 10% entre 2023 y 2025.

Tras la firma, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en que se trata de un acuerdo biartito, que es una "buena noticias para todos", empresas y trabajadores, en el que los agentes sociales han demostrado, según él, su "responsabilidada" y "sentido de Estado". Preguntado por qué les diría a los empresarios que decidan no aplicar estas subidas, el líder de la patronal se ha limitado a señalar que " es el acuerdo al que hemos llegado y debemos ir por ahí. Pero serán las empresas las que tengan que trabajar en ello".

Al acto, no ha asistido ningún miembro del Gobierno, después de que tanto patronal como sindicatos hayan querido poner en valor que se trata de un acuerdo de dos, fruto de la negociación entre sindicatos y empresarios.

Sindicatos y empresarios declaran en el acuerdo su intención de llevar a cabo, en el periodo 2023-2025, "una política salarial que contribuya de manera simultánea a la reactivación económica, a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas españolas".

Así, las partes recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025), que se aplicarían al inicio del siguiente ejercicio.

Si finalizado este año, el IPC interanual de diciembre de 2023 fuera superior al 4% de subida salarial recomendada, se aplicará un aumento adicional máximo del 1% con efectos desde el 1 de enero de 2024.

En el caso de 2024 y 2025, para los que se aconseja un alza salarial del 3%, la cláusula de salvaguarda con ese 1% adicional se activará cuando el IPC interanual de diciembre sobrepase el 3% y se aplicará al año siguiente, es decir, el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2026, respectivamente.

En todo caso, el acuerdo, que consta de 32 páginas, especifica que los negociadores de convenios colectivos deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales.

La idea, precisa el texto, es que las directrices contenidas en el acuerdo puedan adaptarse en cada sector o empresa, cuyas situaciones son "muy desiguales" en crecimiento, resultados o incidencia del salario mínimo interprofesional (SMI), todo ello con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo.

"Un avance en el crecimiento de los salarios donde la realidad económica de los sectores y/o empresas lo permita, contribuirá a aumentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y a seguir mejorando nuestra competitividad y con ello a preservar y crear empleo", defienden en el texto.

En lo que respecta a 2022, ejercicio que ha quedado fuera del acuerdo, sindicatos y empresarios señalan que en los sectores y empresas donde aún no se han cerrado sus convenios, se afrontarán las negociaciones "buscando soluciones en base a la situación y la realidad de su propio ámbito".

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