La Unión Europea tiene su ansiada reforma del mercado de la electricidad. Los Veintisiete han alcanzado un acuerdo este martes después de meses de negociaciones enquistadas por los bloqueos de Francia, Alemania y Hungría, manteniendo este último su negativa hasta la última votación.

La presidencia española, liderada por Teresa Ribera, ha logrado cerrar un acuerdo y ha agradecido a todos los países por su "espíritu constructivo". El texto final tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, teniendo como objetivo cerrarlo antes de que acabe el año. Pero la ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, tomó la palabra tras el pacto para subrayar que se ha encontrado un "equilibrio que habrá que preservar estrictamente" en la negociación con la Eurocámara.

Hay claves muy importantes que esta reforma quiere conseguir para ajustar el mercado, que son las siguientes:

  • Facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo. Esto acercaría a la UE a sus objetivos climáticos y la alejaría de los hidrocarburos de Rusia.
  • Los contratos por diferencia permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve al diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado. Con la reforma, estos contratos se pueden aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.
  • Según recoge el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el acuerdo "protege de bruscas subidas de precios y avanza en la descarbonización".

El desacuerdo llegó por parte de Francia con Alemania a propósito de la energía nuclear, así como por la desconfianza competitiva entre las dos grandes economías de la Unión Europea.

Alemania (con el apoyo de socios Países Bajos, Dinamarca, Italia, Dinamarca o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados contratos por diferencia (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.

París quería que su potente parque nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD, mientras que Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que puedieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana.

El cisma eléctrico, prácticamente inalterado desde que la Comisión Europea presentara su propuesta original el pasado marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19.b, que regula esos contratos.

La Presidencia española del Consejo de la UE había conseguido ya el respaldo -con matices- de Suecia, Bélgica Irlanda, Finlandia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, República Checa, Grecia y Portugal.

Este martes, en el consejo de ministros europeos de Energía celebrado en Luxemburgo, Teresa Ribera, en el papel de árbitro comunitario, presentó una nueva propuesta, la novena, buscando un término medio entre ambos bloques que resultó exitosa.

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