Los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos siguen declarando este martes por presuntamente estafar 300 millones de euros a través de la emisión de pagarés a nombre de Nueva Rumasa. Uno de los hijos del empresario fallecido, Álvaro Ruiz-Mateos, ha culpado ante la Audiencia Nacional a su padre del presunto fraude, señalando que su padre "decidía y ejecutaba": "Él decidía lo que quería con sus empleados".
El presidente del tribunal, Fernando Andreu, ha ofrecido a los acusados declarar y ha sido cuando Álvaro aceptó. Este ha seguido la línea de este lunes de la defensa de los hijos que culparon de todo al empresario fallecido en 2015. Asimismo, ha argumentado que no recuerda su declaración en instrucción y no ha reconocido ni su firma ni los correos que le enviaron sus hermanos.
El hijo del empresario ha sostenido que él lo "reportaba" todo su padre y "que lo hacía todo por designación del padre". Álvaro Ruiz-Mateos ha asegurado que él se dedicaba a la exportación y "no sabía ni que era apoderado de las empresas del grupo". "Mi padre funcionaba así, te pone y te quita", ha sostenido.
Asimismo, ha señalado que él "nunca vio cuentas consolidadas de Nueva Rumasa". En cuanto a las garantías que ofrecían en los folletos publicitarios de Nueva Rumasa, él ha afirmado que "no tiene ni idea de dónde se sacaba la información" y ha negado haber visto los documentos en los que firmaba como apoderado de los pagarés ofreciendo garantías.
Su máximo argumento es que su padre era el que decidía: "Mi padre decidía y ejecutaba, a mí jamás me preguntó por una emisión. No hay nada mío. Él decidía lo que quería con sus empleados", ha insistido. Álvaro ha defendido que en el tiempo que él ha estado no se ha hecho "nada ilegal". "No tuve nada que ver con la formación de las empresas ni me convocaron a reuniones con inversores. No los he conocido, nunca he estado con un inversor", ha argumentado.
El mercado del alquiler
El precio del alquiler subió un 15% en el último año: el metro cuadrado cuesta 13,55 euros al mes
Los datos El precio subió en 16 de las 17 comunidades autónomas y solo bajó en Cantabria (-1,1%). Es más, en 45 de las 49 provincias se ha incrementado el precio interanual de la vivienda en alquiler, bajando únicamente en Segovia, Álava, Cantabria y Huelva.