El Gobierno ha vetado este martes la entrada del grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) en Talgo, sobre el que había lanzado una opa para controlar el 100 % de su capital por 620 millones de euros, porque considera que hay intereses estratégicos y razones de seguridad nacional "insalvables".

En su primera reunión tras la vuelta de vacaciones, el Consejo de Ministros ha ratificado la posición de la Junta de Inversiones Exteriores -un órgano multiministerial liderado por el Ministerio de Economía- en contra de la opa por esas razones "insalvables" de seguridad nacional, que el Gobierno no ha desvelado porque ha decidido también declarar clasificada la información de este caso. Tras esta negativa, que deja el futuro de Talgo en el aire, el consorcio húngaro recurrirá "en todas las instancias posibles" esta decisión, tanto en España como en Bruselas, han avanzado a EFE fuentes del grupo.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que esta decisión se toma para "proteger los intereses y la seguridad de España", al considerar a Talgo "una empresa estratégica". "Cuando tenemos que decir que 'no' para proteger los intereses de España, lo hacemos", agrega.

Tras publicar El Correo este martes la noticia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido poco después del mediodía la cotización de Talgo, que ha levantado dos horas después. El mercado ha digerido mal el fin de la operación y las acciones del fabricante de trenes español han llegado a caer un 10 % tras el levantamiento de la suspensión. Los principales accionistas de Talgo respaldaban la venta a Magyar.

La operación contó desde el principio con la oposición frontal del Gobierno, que no veía con buenos ojos las estrechas relaciones entre algunos de los máximos ejecutivos ligados a Ganz/Magyar y el ejecutivo del primer ministro húngaro, el controvertido Viktor Orbán. El más explícito fue el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que habló incluso de conexiones con el poder en la Rusia de Vladimir Putin.

La cara visible de la operación ha sido el empresario Andras Tombor, que en una rueda de prensa en Madrid negó que la operación tuviera connotaciones políticas y pidió que se resolviera en el terreno económico e industrial. Dado que la operación supera los 500 millones de euros debía ser analizada por el Gobierno español en el marco de la legislación conocida como "escudo antiopas" que vence a final de año y que se aprobó durante la pandemia para evitar entradas de capital extranjero en compañías españolas a precios de saldo.

Además, el Ministerio de Economía ha destacado -en una nota publicada tras el Consejo de Ministros- que ha rechazado la compra "con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales". Tras el rechazo de la Junta de Inversiones decae también el proceso de análisis de la opa por parte de la CNMV.

El consorcio húngaro solicitó el pasado 4 de abril a la CNMV la autorización de la opa sobre Talgo, dirigida al 100 % de su capital por un importe total de 619,3 millones de euros y a un precio de 5 euros por acción. La operación estaba avalada por un banco húngaro.

Distintas voces en el Gobierno expresaron su oposición a esta compra desde el principio y defendieron que Talgo es una empresa estratégica, con una tecnología única en el mundo y desempeña un papel fundamental en el transporte ferroviario. Por ello, buscaron constituir una alternativa española, en la que trataron de implicar a Criteria, el brazo inversor de La Caixa; o al grupo Escribano, accionista de Indra; así como a otros constructores, como el fabricante checo de bienes de equipo Skoda (sin relación con la marca de coches), que planteó incluso una fusión, rechazada por Talgo.

La sociedad oferente está formada por Ganz-Mavag (55 %) y Corvinus (45 %), participada esta última por el Estado húngaro a través del Ministerio de Economía. A su vez, Ganz-Mavag está íntegramente participada por Magyar Vagon, propiedad de un fondo de capital riesgo (Solva II), cuyo principal accionista, con el 50 %, es el ciudadano húngaro Csaba Töro. Detrás de este consorcio -que se ha consolidado en el sector ferroviario a través de privatizaciones en el país centroeuropeo- están DJJ y András Tombor, que fue consejero de asuntos de seguridad nacional de Orbán, durante su primer Ejecutivo, entre 1998 y 2002.

El mayor accionista de Talgo es Pegaso Transportation International, con un 40,03 % del capital, un conglomerado en el que están el fondo de origen británico Trilantic (fundado por dos ex ejecutivos de Lehman Brothers), la familia Oriol (descendientes de los fundadores) y Torreal, la sociedad de Juan Abelló. Todos ellos quieren salir del capital.

Tienen participaciones minoritarias la familia Torrente Blasco, a través de TorrBlas (5 %); la aseguradora Santa Lucía (2,96 %) y el banco noruego Norges (2,79 %), entre otros. El resto cotiza en bolsa. Al cierre de 2023, la cartera de pedidos de Talgo sumaba 4.223 millones de euros, su máximo histórico, impulsados sobre todo por las ampliaciones de contratos existentes. Un 80 % del negocio es internacional.

Pese a ser una referencia en el sector de los constructores ferroviarios -sobre todo por su tecnología para circular por distintos anchos de vía- su capacidad industrial es corta para abordar una cartera de pedidos semejante, que Magyar dice poder resolver con sus siete fábricas-taller en diferentes puntos de Hungría.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

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