Alicia fue desahuciada hace cinco años por no poder hacer frente a su hipoteca. "Necesito una alternativa habitacional", explica.
Su vivienda de alquiler está en manos de un fondo buitre que también la echará en unos meses: "No puedo acceder a una vivienda de mercado".
El acuerdo de Prepuestos contempla un informe obligatorio de los servicios sociales para ayudar a garantizar una vivienda para personas en situación vulnerable. Además se tratará de evitar esto.
"Mi hipoteca no fue transparente, ha sido una hipoteca-estafa", añade Natalia.
Con una normativa que refuerce la transparencia hipotecaria también se evitarán casos como el de Ibrahim que tiene un alquiler del IVIMA. "En 2013, mi vivienda pública fue vendida a un fondo buitre y me quieren desahuciar".
Se prohibirá que las viviendas sociales sean vendidas o explotadas por estos fondos.
Además, estos Presupuestos contemplan 20.000 nuevas viviendas para alquiler a precios asequibles, que la duración mínima de los contratos pase de tres a cinco años y un máximo de dos meses de fianza en metálico.
Además, también contemplan el control de los precios del alquiler por los ayuntamientos. "Poner topes en determinados barrios", sostiene Joan Ribó, alcalde de Valencia. Un índice de precios de referencia para limitar las subidas abusivas de los precios.
Sin embargo, los sindicatos de inquilinos van más allá. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que debe haber "sanciones para grandes tenedores de viviendas que sobrepasen esos precios máximos".
Creen que todas estas medidas son sólo un parche. "No se trata de poner topes, sino de vincular los precios del alquiler a los salarios", declaró en ARV el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera
Además de esto, las comunidades de propietarios podrán prohibir el ejercicio del alquiler turístico en los bloques para frenar su impacto.