La justicia alemana cerró con una pena simbólica su proceso tardío contra el exguarda de un campo de exterminio nazi, declarado culpable de complicidad en los 5.232 asesinatos cometidos en el tiempo en que estuvo ahí de servicio, cuando tenía 17 años.

Dos años en régimen de libertad vigilada es la pena impuesta por la Audiencia de Hamburgo a Bruno Dey, de 93 años. Una condena que se rige por el código penal aplicable a menores, dada su edad entonces. Se cerró así el que tal vez será el último proceso por crímenes del Tercer Reich, dada la complejidad que entraña llevar adelante unos juicios dificultados por la avanzada edad de los encausados y de los testigos directos de los cargos que se les imputan. Para la justicia alemana, rige el principio de que el asesinato no prescribe.

75 años después de la derrota del Tercer Reich, ese principio posibilita sentar ante tribunales a quienes fueron "piezas en el engranaje mortal del aparato nazi", como apunta la sentencia. La defensa pedía su libre absolución, mientras que la fiscalía había solicitado tres años. Las muertes imputadas correspondían al periodo en que sirvió Dey en Stutthof, un campo nazi cercano a Gdanks, en la Polonia ocupada, donde según los historiadores murieron asesinados 100.000 presos, en su mayoría judíos. Dey ingresó en el campo en agosto de 1944 y salió en abril de 1945, un mes antes de la capitulación nazi. En ese periodo se han documentado al menos 5.232 muertes, según la acusación.

En la última vista antes de la sentencia, el pasado lunes, el acusado había pedido perdón "a todas aquellas personas que pasaron por ese infierno", así como a sus familiares y descendientes. Insistió, como ya había declarado su defensa en el juicio, que no prestó servicio voluntariamente, sino que fue reclutado por las SS y destinado a ese lugar con 17 años.

Sí admitió que tuvo conocimiento del plan de exterminio a los judíos. Uno de los testigos citados a declarar, Marek Dunin-Wasowicz, de la misma edad que el procesado y superviviente del campo, había detallado ante la corte las condiciones inhumanas a que se sometía a los presos, que además eran conscientes de lo que ocurría detrás de las cámaras de gas. A Dey se le procesó y escuchó sentencia no como responsable de esas muertes, sino por no haber rehuido servir al aparato nazi.

Tras la derrota del nazismo, Dey pasó un periodo en un campo de prisioneros aliado. Luego llevó una existencia normal, como panadero, camionero y otros oficios ocasionales; se casó, tuvo hijos y se instaló en Hamburgo. Durante décadas la justicia no actuó contra él puesto que no se le consideraba implicado directamente en crímenes de guerra. En abril del año pasado la Fiscalía de Hamburgo presentó acusación formal amparada en el precedente creado por el caso de John Demjanjuk, el ucraniano condenado en 2011 a cinco años por complicidad en las muertes del campo de Sobibor, en la Polonia ocupada.

El juicio a Demjanjuk fue mucho más complejo. Tras la II Guerra Mundial se exilió a Estados Unidos, cuya nacionalidad adoptó. Agotó todos los recursos judiciales posibles hasta que finalmente fue extraditado a Alemania. Asistió a su proceso en una camilla, no llegó a pronunciarse nunca sobre los cargos que le imputaban y murió unos meses después de escuchar sentencia en un asilo de ancianos. Pero su sentencia sentó jurisprudencia.

Le siguieron otros procesos en condiciones parecidas, menos aparatosas, pero igualmente dificultados por interrupciones y alegaciones sobre la precaria salud del acusado. Pese a esas complejidades, la Justicia alemana sentó ante sus tribunales a otros encausados como el llamado "contable de Auschwitz", Oskar Gröning, quien en 2015 fue condenado a cuatro años de cárcel por complicidad en las muertes de 300.000 judíos ocurridas mientras sirvió en el que fue el mayor campo de exterminio nazi.

Algunos de procedimientos no llegaron a prosperar por la incapacidad mental o física del acusado para asistir al juicio o la imposibilidad de sustentar los cargos en testimonios de supervivientes. Demjanjuk asistió en silencio pétreo a su juicio; otros, como Gröning o Dey, pidieron perdón a las víctimas. Para los representantes de la acusación particular y colectivos de víctimas, el sentido de estos juicios no es someter a nonagenarios a la tortura de un proceso, sino sostener el principio fundamental de que los crímenes del nazismo no prescriben, tampoco 75 años después del caída del régimen.