Alemania comienza desde este lunes a controlar todas sus fronteras terrestres para reducir la migración irregular, pese al rechazo de sus países vecinos y entre acusaciones de que la medida asesta un duro golpe al espacio europeo Schengen de libre circulación.

Estos controles, que según el Gobierno alemán serán "flexibles y en función de las exigencias de seguridad", se llevarán a cabo en las fronteras del país centroeuropeo con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos seis meses, y se sumarán a los ya existentes en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

El canciller Olaf Scholz defendió el sábado los controles en un acto en el estado de Brandeburgo, donde la ultraderechista AfD lidera las encuestas de cara a los comicios regionales del próximo domingo. "La migración irregular no es lo que queremos", afirmó, , el mandatario socialdemócrata, que señaló que "no era bueno" que de las 300.000 personas que llegaron el año pasado a Alemania solo una parte tuviera derecho a protección.

"Desafortunadamente, no podemos confiar completamente en que todos nuestros vecinos hagan las cosas como deberían", aseveró. La medida llega en un momento en que la coalición de Scholz está bajo presión ante el auge de la ultraderecha en el este del país y una oposición democristiana que insiste en el rechazo generalizado de solicitantes de asilo en las fronteras, algo que el Gobierno considera contrario al derecho europeo.

Con estos controles, Alemania quiere "reducir aún más la migración irregular, detener a los contrabandistas, detener a los delincuentes e identificar y detener a los islamistas en una etapa temprana", según ha defendido este domingo la ministra del Interior, Nancy Faeser. "Seguimos actuando en estrecha coordinación con nuestros países vecinos. También queremos garantizar que los controles afecten lo menos posible a las personas en las regiones fronterizas, a los viajeros, al comercio y a la economía", ha asegurado.

Alemania alega que los controles en las fronteras interiores con Polonia, República Checa, Austria y Suiza, en vigor desde octubre de 2023, demuestran su eficacia, pues han permitido rechazar a más de 30.000 personas que intentaron entrar de forma irregular al país desde entonces. Faeser asegura que además hay una quinta parte menos de solicitudes de asilo y una quinta parte más de devoluciones.

Berlín sostiene no obstante que hay que tener en cuenta la carga global que soporta Alemania, en particular las capacidades limitadas de los municipios en términos de alojamiento, así como en los ámbitos de educación e integración debido a la admisión de 1,2 millones de refugiados de Ucraniay la migración de asilo de los últimos años.

Críticas de otros países

Alemania se esfuerza así por justificar su actuación tras las críticas de algunos países vecinos, pero también de Estados comunitarios como Grecia. Scholz llamó el viernes al primer ministro polaco, Donald Tusk, para asegurarle que la medida se ajusta al ordenamiento jurídico europeo. El político polaco liberal calificó de "inaceptable" el anuncio de Berlín y anunció consultas urgentes con los otros países afectados en la Unión Europea.

El Gobierno de Austria, por su parte, anunció que no aceptaría a personas rechazadas en la frontera alemana. "No hay margen de maniobra", afirmó el ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner. También otros países europeos se han pronunciado sobre la medida y el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha señalado que la cuestión migratoria no se puede resolver con la "abolición unilateral" del acuerdo Schengen.

En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán, conocido por su postura ultranacionalista y contrario a la inmigración, sí ha aplaudido la decisión alemana, pero el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, ha aseverado que Alemania ha destruido la zona Schengen, primero en 2015, cuando permitió la entrada masiva de refugiados, y ahora con los nuevos controles fronterizos.

Por su parte, la Comisión Europea de momento solo ha recordado que el Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros introducir controles fronterizos en situaciones de amenaza, siempre que se considere "necesario y proporcionado".