La Conferencia Episcopal de Australia ha anunciado que la Fiscalía General Estatal y la Federal han llegado a un acuerdo por el cual los sacerdotes australianos estarán obligados a denunciar el abuso sexual a menores que se les revele durante su labor como confesores.

El arzobispo Mark Coleridge ha expresado que si bien apoya cualquier medida que sirva para proteger la integridad de los menores, no cree que acabar con el secreto de confesión para estos casos "sea útil", pues "los abusadores no buscan la confesión y no la buscarían si supieran que sus delitos serán denunciados".

En ese sentido, Coleridge ha aseverado que además sería "contraproducente porque se perdería la rara oportunidad de que un sacerdote pueda aconsejar a los abusadores que se entreguen y modifiquen su vida; e injusto porque establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de una acusación formulada contra él".

La Iglesia Católica ha insistido en que los sacerdotes se verían obligados a desafiar las leyes, y el arzobispo de Melbourne Peter Comensoli declaró previamente que iría a la cárcel antes que romper el sello confesional, pues se trata de "un encuentro religioso de naturaleza profundamente personal, que merece confidencialidad".

La ley, en la cual ya se había estado trabajando en la mayoría de los estados y territorios de la isla, tomará un impulso definitivo con esta última postura unificada, que se implantaría a nivel nacional, tal y como ha recogido en sus páginas el periódico 'The Australian'.

En 2017, el Gobierno de Australia finalizó una larga investigación de cinco años que dio como resultado el descubrimiento de numerosos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, que ha dado como resultado la elaboración de esta ley.

El cardenal australiano George Pell, quien está apelando una condena por agredir sexualmente a dos niños que cantaban en el coro de una iglesia, había sido el funcionario católico más importante del mundo en ser encarcelado por abusos sexuales a menores.