Aprobada por mayoría simple con los votos del Partido Popular y del ultranacionalista FPÖ, que integran la coalición de Gobierno, la nueva legislación contempla penas de hasta 440 euros de multa para los padres de los menores que no la cumplan.

El Gobierno defendió este paso como una "medida contra el adoctrinamiento religioso y la estigmatización". Otro de su objetivos es proteger a los menores de una supuesta "sexualización temprana", justificó Heinz-Christian Strache, vicecanciller y líder del FPÖ.

No obstante, varios expertos han advertido de que la normativa podría vulnerar diversos principios de la Constitución, como el de la libertad de fe, la no discriminación y la disposición de que las condiciones jurídicas que regulan el funcionamiento escolar requieren de dos tercios de los votos para su adopción.

El Partido Socialdemócrata, el mayor de la oposición, y la liberal NEOS se habían mostrado dispuestos a apoyar la ley bajo la condición de que, junto al veto al velo, se aprobara un paquete de medidas para facilitar la integración de inmigrantes y refugiados.

"No veo que el intento de integrar mediante multas sea la solución. Son necesarias otras medidas adicionales", declaró el socialdemócrata Heinrich Himmer, el presidente del Consejo Escolar del Ayuntamiento de Viena, a la agencia austríaca APA.

Sin embargo, el Gobierno rechazó negociar el proyecto, con lo que se adoptó finalmente como ley simple, y no constitucional.

Esa vía de aprobación conlleva así un "riesgo legislativo", ya que podría ser "impugnable" ante el Tribunal Constitucional, según explicó a APA el jurista Bernd-Christian Funk.