El Gobierno de Bangladesh baraja aprobar una reforma para castigar con la pena de muerte a los conductores que estén implicados en accidentes con víctimas mortales, después de la ola de protestas desencadenada por el fallecimiento de dos adolescentes arrollados por un autobús.

Una fuente del Ministerio del Interior ha reconocido que estudian una enmienda del Código Penal para que haya "el máximo castigo posible" para los responsables de este tipo de siniestros. Las actuales leyes de Bangladesh contemplan una pena máxima de cárcel de tres años.

Sheij Shafi, un estudiante que perdió a su hermano en un accidente de tráfico en 2015, ha citado entre los problemas pendientes la situación laboral de los conductores de autobús, que no reciben un sueldo fijo al mes sino que cobran en función del número de pasajeros, lo que se traduce en largas jornadas de trabajo.

"Nuestra reivindicación es que trabajen un máximo de diez horas. También se debe eliminar el sistema basado en comisiones", ha dicho Shafi, que resultó herido cuando participaba en una manifestación en la capital bangladeshí, Dacca.

En el marco de estas protestas, un grupo de hombres armados atacó el vehículo en el que viajaba el embajador de Estados Unidos, según ha informado la Embajada, que ha condenado en un comunicado "los ataques y la violencia brutales" ejercidos por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes.