Alrededor de 147 millones de habitantes de la mayor economía de América Latina han sido llamados este 7 de octubre a elegir presidente, gobernadores, diputados, dos tercios de los senadores y también a sus representantes regionales.
Habrá una segunda ronda el 28 de octubre para las elecciones presidenciales y de gobernadores, en el caso de que los candidatos en liza no superen el 50% de los votos, como está previsto al menos en el caso de la votación para liderar el país.
Los comicios han estado marcados por el proceso judicial que impidió la postulación como candidato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), en la cárcel desde el pasado abril por corrupción pasiva y blanqueo de fondos.
Lula fue designado en un primer momento como la opción presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), pero cedió su candidatura al académico y exministro de Educación Fernando Haddad el pasado 11 de septiembre.
El expresidente tenía entonces alrededor de un 40% de intención de voto en las encuestas. Haddad no ha conseguido alcanzar esa cifra, a pesar de protagonizar un notable ascenso en los sondeos en las últimas semanas. Cuenta ahora con un 21 por ciento de intención de voto, según la última encuesta del instituto Datafolha.
El académico, nacido en una familia de origen libanés, planea seguir al pie de la letra el programa electoral que él mismo contribuyó a escribir junto a Lula, que continúa haciendo campaña desde prisión y ni siquiera podrá votar en los comicios.
"El ex presidente Lula sigue siendo el principal líder del PT. Mantiene una influencia central en las elecciones. Se manifiesta cuando establece las directrices políticas y discursivas del partido. También cuando se convierte en el blanco de los opositores del PT. El rechazo a Lula es mayor que el rechazo a Haddad", comenta Jamil Marques, politólogo de la Universidad Federal de Paraná.
El candidato izquierdista quiere acabar con la austeridad promocionada por el Gobierno saliente de Michel Temer, quien llegó al poder tras la destitución por violación a la ley presupuestaria de la expresidenta Dilma Rousseff (PT) en 2016. Planea subir los impuestos a los ricos, bajárselos a los pobres, y un ambicioso plan de infraestructuras financiado por las reservas internacionales del país.