Al menos 5.000 menores fueron objeto de abusos por sacerdotes que se aprovecharon del silencio de las víctimas y de la "cultura de la ocultación" de la jerarquía católica en Portugal. Estas son las principales conclusiones del informe presentado en Lisboa por la comisión independiente creada por la Conferencia Episcopal de Portugal que durante un año ha investigado los abusos ocurridos en el seno de la Iglesia católica lusa desde 1950. El informe -de unas 500 páginas- confirma que Portugal no fue una excepción y que, como en países vecinos, los abusos fueron una práctica durante años, en especial entre las décadas de 1960 a 1990.
"Hubo una cultura de la ocultación" en la Iglesia durante décadas, denunció hoy uno de los miembros de la comisión. Solo 25 casos han sido remitidos a la Fiscalía. El 95% ya ha prescrito. A continuación, las claves de este informe histórico en Portugal que, según el presidente de la Conferencia Episcopal, marca "el inicio de un nuevo comienzo" en el combate y prevención a la pederastia en la institución. Seis expertos componen esta Comisión Independiente (CI), liderada por el psiquiatra infantil Pedro Strecht y creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) a finales de 2021 para investigar la dimensión de la pederastia en la Iglesia católica lusa.
Los investigadores -psicólogos, sociólogos, juristas y una cineasta- han basado su trabajo en testimonios de las víctimas y en la información de los archivos de la Iglesia, a los que solo tuvieron acceso el pasado octubre, diez meses después de iniciado el proceso. La CI recibió unos 600 testimonios, de los que validó 512. De ellos concluye que hay una red de al menos 4.815 víctimas, aunque admite que "no es posible cuantificar el total de delitos". Las víctimas comenzaron a ser abusadas entre los 10 y los 14 años. La edad media apenas roza los 11 años, inferior a los casos de países vecinos. La razón, según los expertos, es el peso específico de los seminarios en la segunda mitad del siglo XX en el país.
El 57% de las víctimas eran niños y el resto niñas. La mayoría ronda hoy los 52 años y alrededor del 20% está en los 40. El 95% de los delitos ha prescrito. En el momento del primer abuso el 58,6% de la víctimas residía con sus padres. Como media, las víctimas tardaron 10 años en contarlo. La mitad se lo contó a su familia. Los hombres tienden a hablar con su cónyuge o amigos. Las mujeres, principalmente con sus madres. Muchas de las víctimas hablaron por primera vez del tema con los expertos de la comisión. El 96% de los abusadores eran hombres y una "aplastante mayoría", el 77%, eran sacerdotes. En el 46,7% de las situaciones los abusadores eran personas próximas a la víctima.
La edad de los agresores determinó los abusos. Los más jóvenes practicaron con mayor frecuencia la penetración en espacios aislados. Entre los de edad avanzada predominan otros abusos en el confesionario o en espacios de la iglesia. Muchos de los abusadores denunciados por las víctimas en esta investigación están todavía en activo. La comisión prepara una lista que no hará pública y trasladará a la Fiscalía. Por zonas, los delitos se registraron en el todo el país, con especial incidencia en Lisboa, Oporto y Braga, y afectaron a víctimas de todas las clases sociales. Los abusos se produjeron en seminarios, iglesias -incluidas áreas como el altar o la sacristía-, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas.
Incluyen abusos de todo tipo: penetración, sexo anal, oral, manipulación de órganos sexuales, masturbación e insinuaciones. La mayoría de las víctimas fueron abusadas reiteradamente. En término medio durante un año, aunque hay casos en que el delito se mantuvo hasta siete años. Los expertos proponen crear una nueva comisión que continúe la investigación de los abusos en la Iglesia. Piden modificar la ley para que, con independencia de la edad del menor cuando es abusado, pueda denunciar hasta cumplir los 30 años. Actualmente en Portugal se permite denunciar hasta los 23 años delitos sufridos en la infancia. La comisión pide que la Iglesia Católica asuma el coste de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de las víctimas. Pide también a la sociedad civil un estudio nacional sobre abusos sexuales a los menores en los distintos espacios de socialización.