La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esta causa, conocida como "Caso Vialidad", iniciado en 2019 y que estuvo seis meses suspendido por la pandemia de COVID-19, ha juzgado las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010- y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Fernández ha sido condenada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

Los fiscales del caso pidieron también cárcel para el resto de imputados, mientras que las defensas solicitan la absolución por inexistencia de delito.

Fernández ha denunciado en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella "estaba escrita", como ya dijo el 2 de diciembre de 2019 -días antes de asumir como vicepresidenta en el actual Ejecutivo- cuando se le tomó declaración. Y si en aquel momento se refirió a los magistrados que seguían la causa como "tribunal del 'lawfare' (hostigamiento judicial)", la semana pasada, cuando pronunció sus últimas palabras, dijo que se había "quedado corta" y que era "un pelotón de fusilamiento".

Si este martes se emite una condena contra Fernández, deberá transitar un largo proceso hasta ser refrendada o rechazada por la Corte Suprema. La líder del peronismo kirchnerista cuenta con fueros que la blindan de una eventual detención hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta, y, aunque aún no ha desvelado si será candidata en las elecciones de octubre próximo, algunos analistas comentan que podría presentarse al menos como senadora para mantener la inmunidad.

Se espera que este martes haya movilización de sus seguidores, como las que se originaron en agosto pasado, a raíz de la petición de condena de 12 años por parte del fiscal. En medio de una de esas manifestaciones de adhesión, el pasado 1 de septiembre, Fernández sufrió un atentado a las puertas de su casa, del que salió ilesa.

"Mafia judicial paraestatal"

Fernández ha culpado a una "mafia judicial paraestatal" su condena y ha reiterado su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales. En una intervención telemática desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse el veredicto, Fernández aseveró nuevamente que la condena en su contra, la cual confirmó que apelará, ya "estaba escrita".

"La idea era condenarme como finalmente lo hicieron", sostuvo Fernández. La vicepresidenta rechazó ser responsable de fraude a la Administración pública pues, como presidenta, no tuvo manejo en las leyes de Presupuesto donde se incluyeron las obras públicas que fueron objeto de este juicio ni administró ni ejecutó esos Presupuestos, una responsabilidad en cabeza del jefe de Gabinete de ministros.

La vicepresidenta aseguró que ninguna de las acusaciones formuladas por los fiscales que intervinieron en este juicio eran ciertas y dijo que, más que un 'lawfare' (hostigamiento judicial), ella ha sido blanco de una "mafia". "Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos", sostuvo.