Una familia de Zimbabue que se niega a volver a su país por miedo a represalias lleva tres meses varada en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok, tras tratar de volar sin éxito a España para solicitar asilo político.
El viceportavoz de la Oficina de Inmigración, el coronel Cherngron Rimphadee, confirmó que la familia, cuatro adultos y cuatro niños, han sido entrevistados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En un comunicado, la Oficina de Inmigración identifica al cabeza de la familia como Muvadi Rodrick, quien llegó el pasado mayo a Bangkok junto con otros tres adultos y cuatro menores de 2, 6, 7 y 11 años. Las autoridades indicaron que la familia se encuentra bajo el cuidado de Ukraine International Airlines (UIA), la aerolínea que utilizaron dos veces para intentar viajar a Barcelona.
"De momento, están bajo el cuidado de la aerolínea y no están retenidos en la sala de detención del aeropuerto como otros extranjeros a quienes se les niegan la entrada (a Tailandia)", precisa el comunicado. La familia de ocho miembros no ha podido abandonar la terminal de salidas del aeropuerto en los últimos tres meses debido a que expiraron sus visados de turista en Tailandia.
La Policía de Inmigración descubrió que los visados de la familia habían caducado cuando el 23 de octubre pasado compraron billetes en UIA con destino a Barcelona vía Kiev, pero no pudieron embarcar al carecer de visado para entrar en España. El 7 de noviembre consiguieron subir a otro avión de UIA y esta vez llegaron a Kiev, pero allí les obligaron a volver a Bangkok por el mismo motivo.
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La Policía indicó que ACNUR está procesando la solicitud de asilo de la familia "dado que podrían estar expuestos a peligros en su país natal", sin precisar más detalles. El pasado 21 de noviembre, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, dimitió tras un golpe militar que puso fin a sus 37 años de gobierno autoritario en medio de promesas de aperturismo y recuperación económica.Tailandia no ha firmado los tratados sobre la protección de los refugiados de la ONU, por lo que el futuro de la familia es incierto aunque sean reconocidos como solicitantes de asilo político.