Francia aprueba por ley el 'pase de vacunación' o pasaporte COVID-19 que obligará a los ciudadanos a contar con la pauta vacunal completa para acceder a determinados espacios públicos. De este modo, se restringirá la vida social de quienes no quieran vacunarse contra la enfermedad, en un intento de incentivar la vacunación entre los casi cinco millones de personas que la rechazan.
Con 215 votos a favor, 58 en contra y siete abstenciones, la Asamblea Nacional ha concluido un intenso trámite parlamentario con el Senado, que se ha visto inmerso en una tormenta política después de que el presidente Emmanuel Macron dijese que quería "fastidiar" o "joder" a los no vacunados.
La ley sustituye el anterior pasaporte sanitario (que además de vacunas aceptaba un test negativo realizado en las horas previas) por uno basado exclusivamente en la inmunización con tres dosis o dos más certificado de haber pasado por la enfermedad.
Con la variante ómicron causando más de 300.000 casos diarios y siendo los no vacunados la gran mayoría de los enfermos graves de COVID-19, el Gobierno quiere que la ley entre en vigor esta misma semana a fin de contribuir a contener la actual ola epidémica.
"Con el pasaporte de vacunas, Francia se dota de una nueva herramienta para proteger a sus ciudadanos", ha afirmado tras la votación el ministro de Sanidad, Olivier Véran, que no ha podido participar en los debates de los últimos días tras anunciar su positivo por coronavirus el pasado jueves.
Sin embargo, los diputados socialistas anunciaron que presentarán un recurso al Consejo Constitucional para "garantizar las libertades fundamentales", lo que puede retrasar varios días el inicio de la aplicación de la nueva medida.
¿Para qué será obligatorio estar vacunado?
Con esta nueva ley, solo quienes tengan una pauta de vacunación completa con tres dosis, dos dosis con un certificación de curación de la enfermedad en los últimos seis meses, o dispongan de una exención médica de la vacuna, podrán entrar en lugares culturales como cines, teatros o museos.
Igual ocurrirá con la entrada en los grandes centros comerciales, cafés, bares, restaurantes o salas deportivas, así como en el acceso a los transportes públicos de media y larga distancia.
Además, también aumentan las sanciones a quienes sean sorprendidos con un pasaporte de vacunas falso, que podrán ser condenadas aun máximo de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa para quienes tengan varios documentos falsificados. Sin embargo se prevé una "amnistía" si la persona sorprendida se vacuna en un plazo de treinta días.