Las protestas no dan tregua en Francia, que este martes ha vivido su décima jornada de huelga general y movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, que eleva dos años la edad de jubilación en el país vecino. Allí, los manifestantes han ocupado de nuevo las calles de las ciudades más importantes y han cortado carreteras para pedir la paralización de la reforma y una "mediación" para tratar de acercar posturas, algo que el Ejecutivo rechaza.
La principal manifestación se ha producido en París: allí, el Ministerio del Interior ha previsto un despliegue "sin precedentes" de hasta 5.500 policías, cerca de la mitad de los 13.000 agentes desplegados por toda Francia. Pese a ello, a lo largo de la tarde se ha producido la quema de coches, contenedores y farolas, mientras que oficinas bancarias y comercios han sido también pasto de la ira.
Una jornada que deja imágenes de calles llenas y cortadas por barricadas incendiarias, estaciones de tren vacías con cortes en las vías y una silenciosa Torre Eiffel cerrada por la huelga. La participación, no obstante, ha acusado un claro descenso respecto a otras convocatorias. Según el sindicato CGT, 450.000 personas se han manifestado en la capital francesa, frente a las 800.000 del pasado jueves. En todo el país, la organización sindical cifra en más de dos millones los manifestantes, frente a los 3,5 millones del jueves.
La Policía, por su parte, cifra en 93.000 los manifestantes en París, la segunda cifra más alta desde que comenzaron las protestas, mientras que Interior estima la participación a nivel nacional en 740.000 personas.
Dispositivo policial "sin precedentes"
Ante lo sucedido en días anteriores, el ministerio del Interior francés, Gérald Darmanin, había anunciado la movilización de 13.000 policías y gendarmes para esta jornada de huelga general. Un "dispositivo sin precedentes", en palabras de Darmanin, que incluía 5.500 policías activos en París, además de importantes contingentes en Lyon, Rennes, Nantes, Dijon y Burdeos.
Darmanin apelaba a los recientes incidentes violentos. "Desde el 16 de marzo, 891 policías y gendarmes han resultado heridos, 47 en particular el pasado fin de semana. En Sainte-Soline hemos contabilizado 200 individuos conocidos por los servicios de inteligencia por su radicalización", ha indicado, en referencia a los disturbios en el pueblo de Sainte-Soline, donde miles de ecologistas protestaron contra los embalses agrarios.
Según el ministro, algunas de "estas personas presentes en Sainte-Soline este fin de semana podrían unirse a la manifestaciones de París y realizar acciones en las ciudades de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon y Burdeos" con el objetivo de "incendiar Francia a sangre y fuego".
"Se desplegarán 90 unidades de fuerzas móviles, un nivel de movilización nunca antes alcanzado", destacaba, antes de apelar "a la indispensable proporcionalidad del uso de la fuerza". "Pido a la Policía y a los gendarmes que no respondan a ninguna provocación. Estas provocaciones son solo el acto de quienes les desean el mal", advirtió, llamando además "a todos los representantes electos de la República a condenar con la mayor firmeza y sin la menor ambigüedad la violencia contra la Policía".
En cuanto a Sainte-Soline, Darmanin ha negado que hubiera retrasos o impedimentos para atender a los manifestantes heridos, como denuncian los organizadores. "Cada vez que nos llamaban, enviábamos médicos, en particular de la gendarmería nacional, para prestar los primeros auxilios. Los gendarmes y el médico que los acompañaba fueron acosados varias veces y de manera muy agresiva para impedirles llegar al lugar", ha asegurado.
El Gobierno no quiere la mediación que plantean los sindicatos
Los principales sindicatos franceses han propuesto al Gobierno una "mediación" para tratar de acercar posturas en relación a la reforma de las pensiones, si bien el Ejecutivo se ha apresurado a reaccionar para matizar que "no es obligatorio" que haya intermediarios entre las dos partes para hablar.
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Coincidiendo con la nueva jornada de huelgas contra la reforma, el secretario general de la Confederación general del trabajo (CGT), Philippe Martinez, ha planteado "suspender" los aspectos considerados más lesivos de la nueva ley, entre ellos el retraso de 62 a 64 años de la edad de jubilación, y "nombrar una mediación".