El Gobierno francés ha dicho 'basta' y ha comenzado a notificar a parte del personal de las refinerías que tendrá que ir a trabajar. Este anuncio llega tras dos semanas de huelga, con seis de las siete refinerías del país paradas y con el 30% de las estaciones de servicio francesas con escasez.

Los trabajadores notificados están obligados a acudir al trabajo bajo amenaza de sanciones penales. Esta medida de urgencia que contempla la ley permite reunir al personal indispensable para que funcionen los depósitos y que el combustible llegue a las estaciones de servicio.

Se trata de una medida excepcional en mitad de un clamor por un aumento salarial. Solo en París, cerca de la mitad de las estaciones de servicio están teniendo problemas de suministro, con algunas colgando el cartel de fuera de servicio. En algunos puntos, incluso, limitan el repostaje por vehículo.

Después de la crisis energética y del aumento de los precios de los carburantes, los operadores esperan que las ganacias récord se reflejen en los sueldos. Las empresas aceptan negociar, pero aseguran que no pueden llegar a las cifras que reclaman los sindicatos.

El cierre de gasolineras y la falta de combustible ha dejado imágenes de largas colas para poder repostar, con horas de espera para llenar el depósito. Esta crisis también ha afectado a sectores como el transporte público, la Sanidad o la agricultura.