En una medida destinada a reducir la creciente presión sobre el sistema penitenciario, el Gobierno de Reino Unido ha puesto en libertad a 1.100 reclusos este martes, en la segunda fase de su plan para aliviar la saturación en las cárceles de Inglaterra y Gales. Esta decisión sigue a la liberación de otros 1.750 presos el pasado mes de septiembre, cuando la crisis de sobrepoblación alcanzó su punto más crítico.

Con más de 88.500 personas encarceladas en Inglaterra y Gales en septiembre —un récord histórico impulsado por un crecimiento anual de 4.500 internos—, las cárceles se han visto desbordadas. En algunos centros, los funcionarios de prisiones advirtieron que apenas quedan celdas disponibles, lo que ha forzado al Gobierno a actuar rápidamente para evitar el colapso del sistema. Los disturbios violentos de agosto en varias ciudades británicas, protagonizados por grupos de extrema derecha, también contribuyeron al repunte en el número de internos, muchos de ellos condenados por participar en actos de vandalismo y agresión.

El primer ministro, Keir Starmer, heredó este problema tras su victoria electoral en julio, y su Gobierno ha dado prioridad a la búsqueda de soluciones que alivien las cárceles sin comprometer la seguridad pública. El plan de liberación anticipada contempla la salida de presos que han cumplido al menos el 40 % de sus condenas, pero excluye a aquellos que han sido sentenciados por delitos violentos, como agresiones sexuales, violencia doméstica o terrorismo. En esta fase, la mayoría de los liberados provienen de prisiones abiertas, donde ya estaban participando en programas de reintegración social y laboral.

La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha sido clara en su defensa de esta política, subrayando que no se trata de una simple excarcelación masiva, sino de una medida cuidadosamente planificada para priorizar la rehabilitación y la reintegración de los presos no violentos. "Nuestro sistema penal necesita un cambio. Creemos en la justicia y el castigo, pero también en ofrecer oportunidades a aquellos que están dispuestos a cambiar. La prisión no debe ser el único camino", señaló Mahmood, al anunciar además una revisión integral del sistema de justicia, que será dirigida por el exministro conservador David Gauke.

Un reto heredado y una reforma en marcha

Keir Starmer asumió el poder en un contexto de crisis carcelaria, con un sistema penitenciario que se encontraba al borde del colapso tras años de políticas de "mano dura" aplicadas por gobiernos conservadores y laboristas. Durante décadas, el Reino Unido ha visto un aumento sostenido en el número de condenas cortas, muchas veces de menos de seis meses, lo que ha contribuido a la superpoblación. Los centros penitenciarios, diseñados para albergar a menos de 90.000 reclusos, han sido sobrepasados por una política penal que prioriza las penas privativas de libertad como principal respuesta ante el delito.

El anterior gobierno de Rishi Sunak consideró también la liberación anticipada de presos, pero el temor a un castigo electoral y la presión de sus votantes conservadores hicieron que la medida nunca se concretara. Ahora, el gobierno de Starmer se ha visto obligado a enfrentar la impopular decisión, en un intento de encontrar un equilibrio entre la justicia penal y las necesidades humanitarias de los internos.