El Gobierno de El Salvador ha difundido este fin de semana una serie de imágenes que documentan el endurecimiento de la política de su presidente, Nayib Bukele, frente a la violencia de las maras. Las fotografías dan cuenta del establecimiento del estado de "emergencia máxima" decretado dentro de las cárceles salvadoreñas y no han quedado exentas de polémica, alarmando a las organizaciones de derechos humanos.
En ellas puede verse a los reclusos semidesnudos, sentados en el suelo y con mascarillas pero pegados unos con otros durante las inspecciones de seguridad. Bukele, ha anunciado este lunes que todas las celdas de los pandilleros serán selladas para evitar que puedan tener contacto con el exterior al tiempo que ha advertido a los que continúan en las calles de que serán "abatidos con fuerza proporcional" si oponen resistencia a las autoridades.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo y este fin de semana ha experimentado un repunte de la violencia con más de 60 asesinatos en menos de tres días, el más sanguinario desde que Bukele tomó posesión del cargo en junio del año pasado.
El dirigente salvadoreño achaca este incremento de la violencia a que los líderes de las maras han dado las órdenes desde los presidios, aprovechando que gran parte de la fuerza pública se encuentra desplegada para hacer cumplir las medidas decretadas por el Gobierno para contener la pandemia del nuevo coronavirus, y así lo ha denunciado en su cuenta de Twitter:
La Secretaría de Prensa de la Presidencia también se ha hecho eco del vídeo en el que, aseguran, "muestra la forma en que pandilleros se comunican para ordenar asesinatos". El mandatario ha asegurado que "las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos", por lo que ha ordenado sellar las celdas con planchas de metal y ha explicado que, con esta medida, los pandilleros ya no podrán ver lo que sucede fuera de las celdas, ni podrán "comunicarse por señas" con quienes crucen los pasillos del penal.
Bukele también ha señalado que a partir de ahora "estarán dentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla" haciendo referencia a la orden de poner fin a un protocolo vigente desde 2004 por el cual se separaba a los presos pertenecientes a pandillas rivales.
Actualmente, las fuerzas de seguridad disponen de unos 23.000 policías y más de 7.000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuántos serán destinados para controlar el incremento de asesinatos.Las autoridades no han detallado si los asesinatos de este fin de semana están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el coronavirus, ya que según la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60.000 miembros, ordenaron a los habitantes de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos, aunque la tasa de homicidios se han reducido paulatinamente desde 2015 con 103 por cada 100.000 habitantes hasta un índice de 36 en 2019. Ahora, Bukele se ha propuesto "hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", según ha destacado en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que una primera pandilla ha anunciado que "ya no matarán salvadoreños, faltan dos", y ha advertido: "Dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos y sus homeboys. Están cerca de ustedes, de sus casas, de sus caletas, les quedan algunas horas"."Dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos"
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su "preocupación" por esta "emergencia máxima" declarada por Bukele, ya que se "ponen en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad"