Golpe judicial

Greenpeace pone en peligro las protestas climáticas en EEUU tras ser condenada a pagar cientos de millones a una petrolera

Las consecuencias La condena por incitar manifestaciones contra el oleoducto Dakota Access podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y las protestas ambientales en el país.

Manifestación contra el oleoducto Dakota Access. Foto de ArchivoGreenpeace pone en peligro las protestas climáticas en EEUU tras ser condenada a pagar cientos de millones a una petroleraEuropa Press

Un jurado popular en Dakota del Norte ha dictaminado este miércoles que Greenpeace deberá pagar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET), tras considerarla responsable de difamación e incitación a protestas que derivaron en actos de vandalismo durante la construcción del oleoducto Dakota Access en 2016.

La compañía de petróleo y gas, con sede en Dallas y un valor de casi 70.000 millones de dólares, ha alegado que Greenpeace llevó a cabo una "campaña de desinformación" que fomentó las protestas contra el proyecto, lo que provocó retrasos y un aumento significativo de los costos. Energy Transfer ha exigido una indemnización de 300 millones de dólares, una cantidad que, según Greenpeace, pondría en peligro su continuidad en Estados Unidos.

El fallo ha generado una fuerte reacción entre activistas y defensores de la libertad de expresión, quienes advierten que esta sentencia podría sentar un peligroso precedente para la criminalización de la protesta pacífica. "Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y el derecho a la protesta", declaró Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace, quien no ha confirmado si la organización apelará la decisión.

El juicio ha estado marcado por la controversia desde sus inicios. Greenpeace ha intentado sin éxito cambiar la sede del proceso, argumentando que la industria petrolera tiene una influencia desproporcionada en Dakota del Norte. Además, la imparcialidad del jurado fue cuestionada, ya que varios de sus miembros tenían vínculos con el sector de los combustibles y opiniones contrarias a las protestas ambientales.