La Guardia Costera italiana ha devuelto este sábado en un buque de la Armada a los 12 migrantes que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deportó a Albania. Esto ocurre después de que la Justicia tumbara el plan de Meloni de retener en el país balcánico a los migrantes, porque considera que sus países de origen no son seguros. Mientras la política ultraderechista acusa a la Justicia de impedir defender las fronteras italianas.

Los 12 migrantes, que seguían en los centros de retención levantados por el Gobierno de Meloni en Albania , han llegado la tarde de este sábado al puerto de Bari, en el sur de Italia. Los migrantes, de Bangladesh y Egipto, fueron sacados esta mañana del centro de retención de Gjadër y llevados a Italia en un barco de la Guardia Costera italiana, para ser ahora trasladados a un centro de acogida de solicitantes de asilo en el área de la ciudad de Bari, según ha informado cadena de televisión pública RAI.

Ni 24 horas después de la decisión de la justicia italiana, los primeros solicitantes de asilo enviados a los centros de la "vergüenza" ya zarpaban en dirección al puerto de Bari. El fallo del Tribunal de Roma conocido este viernes es un primer obstáculo al acuerdo de cinco años alcanzado entre Italia y Albania para que Tirana acoja mensualmente a 3.000 migrantes rescatados del mar por la Guardia Costera italiana.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presentó su plan como un nuevo "modelo" de gestión de la migración no autorizada, pero la corte de Roma rechazó la detención alegando que no pueden ser enviados de vuelta a sus países de origen -Bangladesh y Egipto- porque no los considera lo suficientemente seguros.

Meloni defiende su plan y ataca a la Justicia

Meloni dice que, con su decisión, la Justicia impide defender las fronteras italianas. "Lo que dicen los jueces es que no hay países seguros, así que comunico oficialmente que el problema no está en Albania. El problema es que nadie puede ser repatriado nunca más, el problema es que no se puede rechazar a la gente, el problema es que no se puede hacer ninguna política para defender las fronteras", ha argumentado. Asimismo, ha convocado una reunión del Consejo de Ministros para el próximo lunes "para aprobar normas que sirvan para superar el obstáculo" ahora impuesto por la Justicia.

Por su parte, el titular de Justicia del Gobierno italiano, Carlo Nordio, ha tacado este sábado de "anormal" el fallo del Tribunal de Roma. "No compartimos la sentencia y la consideramos anormal", ha asegurado Nordio en declaraciones a la prensa tras un acto en Palermo. Todo ello ocurre ante una creciente disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por el fallo emitido el viernes por la corte de primera instancia de Roma.

Tras el anuncio de la sentencia de este viernes, que generó revuelo entre los socios de Gobierno y se vio de forma positiva por parte de los grupos de la oposición, Nordio ha asegurado que la reacción del Ejecutivo "no fue contra el Poder Judicial", sino contra el fallo judicial. "Tomaremos medidas legislativas" ante ello, ha advertido Nordio.

Un decreto ley, la baza para sortear la sentencia

El Gobierno italiano quiere aprobar el próximo lunes un decreto-ley que entraría en vigor casi de inmediato para asegurar una vía para seguir trasladando migrantes a Albania y sortear a la Justicia tras su sentencia, el primer golpe contra su pacto para la externalización migratoria en centros de retención erigidos por las autoridades italianas en suelo albanés.

Según prensa local, que han citado a fuentes del Gobierno, este planea aprobar el decreto ley en la reunión del Consejo de Ministros convocada para el próximo lunes tras la sentencia de la corte de primera instancia de Roma emitida ayer. Según alegó la propia primera ministra, la decisión sobre qué países de procedencia de los migrantes pueden ser designados como seguros o no es una atribución del Ejecutivo, ante lo que convocó para el lunes 21 un Consejo de Ministros para abordar la cuestión.

Ante ello, según medios italianos, el decreto que se planea aprobar entraría en vigor al día siguiente y pretende plantear "una solución" a las trabas puestas por el Tribunal de Roma. De acuerdo con la agencia oficial de noticias italiana Ansa, el decreto ley cambiaría la norma con la que se designa el grado de seguridad de los países de origen de los migrantes que intentan llegar a Italia para asegurar que esto no pueda suponer una traba ante la Justicia.