El secretario general de la ONU, António Guterres, ha anunciado este lunes el nombramiento de un grupo independiente para evaluar el trabajo de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), después de que Israel acusara a algunos de sus miembros de participar en los ataques de Hamás del 7 de octubre.
El grupo, que va a liderar la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, tendrá que entregar un informe preliminar a Guterres en marzo de 2024, más uno definitivo en abril. Este último informe se hará público. En concreto, los investigadores deberán identificar los mecanismos de la UNRWA para "asegurar la neutralidad y responder a las alegaciones o la información que indica que este principio se ha violado", ha detallado la ONU en un comunicado.
También deberán hacer recomendaciones para mejorar y fortalecer estos mecanismos, si fuera necesario, o incluso establecer nuevos procedimientos. Guterres dejó claro que las acusaciones de Israel llegan en un punto en que los trabajadores de la UNRWA hacen frente a unas condiciones extremadamente duras, mientras tratan de ofrecer ayuda a dos millones de personas atrapadas en la Franja de Gaza, sometida a bombardeos de manera constante tras el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás.
Una evaluación clave
Las acusaciones de Israel motivaron a 18 países -entre ellos EEUU, Japón, Alemania y Francia- a anunciar la suspensión de sus contribuciones a la agencia, que ha asegurado que se quedará sin fondos antes de que termine el mes.
La evaluación que ha anunciado este lunes el secretario general tendrá lugar en paralelo a la investigación del departamento de Asuntos Internos de la ONU sobre los 12 miembros de la UNRWA acusados de participar en los ataques del 7 de octubre, que según Guterres podría arrojar resultados en un plazo de dos a tres semanas.
"La cooperación de las autoridades israelíes, que hicieron estas alegaciones, será clave para el éxito de la investigación", ha avisado Guterres en su comunicado. Colonna contará con el apoyo del Instituto Raoul Wallenberg de Suecia, el Instituto Chr. Michelsen de Noruega y el Instituto Danés para los Derechos Humanos para desarrollar su evaluación.