Políticas discriminatorias
Insultos como política oficial de Milei: cataloga como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" a personas con discapacidad
Estas nuevas normativas que incluyen términos vejatorios, han tenido rápidamente denuncias desde varias asociaciones porque violan la Convención sobre los Derechos de las personas con dispacidad.
"Idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales". Así es como, a partir de ahora, el gobierno de Javier Milei calificará a las personas con discapacidad en Argentina. Esta terminología ofensiva figura en un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, generando una fuerte polémica.
Los insultos, habituales en el discurso del mandatario argentino —quien los ha dirigido tanto al papa como a distintos economistas—, se han convertido ahora en política oficial.
La controversia estalló con la publicación de la Resolución 187/2025, que establece los criterios para la revisión y distribución de las pensiones no contributivas para personas con invalidez. En el anexo de este documento, el organismo liderado por Diego Spagnuolo clasifica a las personas con discapacidad bajo los términos “imbécil”, “idiota” o “débil mental” basándose en su coeficiente intelectual.
La clasificación, que evoca un lenguaje arcaico y profundamente discriminatorio, divide a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su CI:
- 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
- 30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
- 50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
Estas nuevas normativas que incluyen terminos vejatorios, han tenido rápidamente denuncias desde diversas asociones porque violan la Convención sobre los Derechos de las personas con dispacidad, ponen en riesgo grave sus derechos fundamentales y piden que sean derogados de forma urgente.
Además el gobierno de Milei no ha tenido en cuenta la opinión de las personas con discapacidad ni sus organizaciones para redactarlo, algo que es obligatorio por ley.