Fue el pasado 22 de agosto cuando el cerco judicial sobre la expresidenta argentina y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se estrechó. Un fiscal pidió hace diez días su condena a 12 años de prisión al considerarla la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado.
"Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo de 2019 por la denominada "causa Vialidad".
Según el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la "jefa" de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de "alta jerarquía" -para quienes el fiscal también solicitó diversas penas- y que actuó por los móviles del "ánimo de lucro y la codicia". Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
En respuesta a la acusación del fiscal, la vicepresidenta se lanzó a hablar de que la sentencia de su caso "ya está escrita" y de que no le permitirán hablar en el juicio a su persona, hablando de persecución judicial.
El sábado pasado la situación se agravó cuando, después de que el alcalde de Buenos Aires diera la orden de vallar la casa de la mandataria, sus seguidores decidieran tirar el recinto y acercarse a su casa. Las medidas de seguridad habían sido ordenadas para "garantizar la circulación" de los vecinos en de la zona.
Los agentes antidisturbios cargaron posteriormente contra los manifestantes, utilizando chorros de agua para dispersar a la multitud, que respondió con forcejeos y ataques a los vehículos policiales. Según el Gobierno porteño, los enfrentamientos terminaron con 20 agentes policiales heridos y cuatro manifestantes detenidos.
En respuesta, el oficialismo argentino ha resuelto este martes convocar varios actos en apoyo de la mandataria, incluidas vigilias en torno a su vivienda, que es donde se camufló el hombre detenido ahora por intentar asesinarla de un disparo. "Todo el peronismo se encuentra en alerta y movilización, realizaremos en cada provincia de nuestro país encuentros del Consejo del Partido Justicialista y partidos políticos que integran el Frente de Todos", informaron en un comunicado del Frente de Todos, bloque político que integra la vicepresidenta.
El caso Vialidad
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
"Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado", aseveró el fiscal.
Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un "apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado" y un "desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal".
Saga judicial
El juicio oral que afronta Fernández desde 2019 y que ya entró en su etapa final se centra en una de la docena de causas que se han abierto en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión.
La vicepresidenta está a la espera del inicio de otro proceso oral en su contra pero fue sobreseída ya en varias otras causas en las que fue investigada. Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.
En caso de ser condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.