La ONU ha concluido este viernes que el Gobierno iraní cometió crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas que empezaron en septiembre de 2022, a raíz de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini. La Misión Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones, persecución por motivos de género.

Desde la muerte de Amini, la presión para que las mujeres lleven el hiyab aumenta tras la aprobación de la ley sobre la castidad y el uso del hiyab. En el vídeo de laSexta Noticias que acompaña esta noticia, se ve cómo un policía iraní justifica una tremenda paliza alegando que la mujer bloqueaba el paso de su vehículo. En otra imagen, parece más bien que están recogiendo basura de las calles en vez de deteniendo, injustamente, a una joven.

La intérprete y activista iraní, Ryma Sheermohammadi, ha asegurado que "lo que está pasando en Irán es un apartheid de género". "Las jóvenes en Irán viven aterrorizadas por la policía de la moral", señala la activista, y explica que amigas suyas le cuentan que "cuando salen de casa, tienen a al menos cinco o seis personas detrás de ellas".

Todos nos acordamos de Mahsa Amini, que acabó muerta por una sola razón: el velo, porque no lo "llevaba de forma adecuada". "Todos hemos visto el vídeo de Mahsa cuando fue detenida. Llevaba algo ancho, estaba totalmente cubierta. de negro con el velo puesto. ¿Pero qué es llevar adecuadamente el velo?", explica Sheermohammadi.

Sin embargo, su muerte no fue en vano porque la sociedad reaccionó y el horror traspasó las fronteras. Ahora la ONU en su informe denuncia que Irán cometió crímenes de lesa humanidad al reprimir las protestas, habla también de ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones. "Las propias funcionarias sujetaban a las detenidas para que fueran violadas por dos o tres hombres", añade la activista.

Irán rechaza el informe y lejos de retroceder, aumenta la presión contra las mujeres con un nuevo proyecto de ley. Más de 1.000 mujeres que han recibido SMS y teléfono se les cita para comparecer y dejar su vehículo: multas, latigazos y penas ahora de hasta 10 años de cárcel.

Pero lo peor es el dinero que Irán gasta en todo esto: 130 millones de dólares para mantener a 11 instituciones que se dedican a reprimir. Un dinero, que tristemente, llega a través de los impuestos que también pagan ellas, las víctimas de toda esta barbarie.