La Knéset (Parlamento israelí) ha aprobado la noche del lunes dos leyes para prohibir la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel y en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza. En una primera votación, la Knéset prohibió a la UNRWA operar en territorio israelí, incluido el anexionado Jerusalén Este, antes de dar luz verde a una segunda ley que busca restringir su capacidad de actuación en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza, al prohibir a cualquier agencia gubernamental u entidad pública tendrá contacto con esta agencia de la ONU o sus empleados.

Esta segunda votación fue aprobada por los legisladores israelíes con 87 votos a favor y 9 en contra, pese a la oposición internacional tanto de EEUU como de la Unión Europea. La ley, que prohíbe a cualquier funcionario israelí establecer contacto con la UNRWA, impedirá que la agencia de la ONU pueda seguir desarrollando sus labores educativas y sanitarias en los territorios palestinos ocupados, ya que Israel no emitirá permisos de entrada ni facilitará la coordinación con el Ejército.

"Esta legislación amenaza una salvavidas vital para más de 2,5 millones de refugiados palestinos en todo el territorio palestino ocupado. Representa un intento deliberado de socavar fundamentalmente a la UNRWA y su misión esencial de apoyar el socorro, la educación y el desarrollo humano de los refugiados palestinos", denunció hoy la organización legal palestina Adalah tras conocerse las dos votaciones. En cuanto a la primera ley aprobada, con 92 votos a favor y 10 en contra, se estipula que la UNRWA no realizará ninguna representación, prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad "directa o indirectamente" dentro del territorio soberano de Israel.

Incluso los diputados de varios partidos de la oposición, incluidos Yesh Atid (Hay un futuro) del centrista Yair Lapid o la Unidad Nacional de Benny Gantz votaron a favor de esta prohibición, que a su vez reducirá severamente las actividades de la UNRWA en Gaza y Cisjordania. ocupada, dada la dependencia de coordinación con las autoridades israelíes.

Cinco millones de refugiados reciben sus servicios

La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de millas de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. La UNRWA es "la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza", ha dicho a EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660.000 niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.

Israel alega sin pruebas que más del 10% del personal de la UNRWA en Gaza tiene vínculos con Hamás, y que sus centros educativos, muchos de ellos bombardeados durante la guerra en Gaza pese a la presencia de civiles gazatíes desplazados, incitan al odio contra Israel. En enero, Israel dijo que doce empleados de la UNRWA habían participado activamente en los letales ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores.

La agencia, que cuenta con más de 30.000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó "áreas críticas".

En cuanto Israel vertió tales acusaciones en enero, 18 países anunciaron que retiraban sus fondos, incluidos sus principales donantes -EEUU, Alemania, Japón o Francia-, lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza. La mayoría de países, incluidos Canadá, Suecia, Australia o la propia Unión Europea, retomaron meses después la financiación a la UNRWA ante la falta de pruebas presentadas por Israel.