Una jueza bloqueó una norma anunciada en julio pasado por el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, que preveía ampliar el alcance de la deportación acelerada de inmigrantes indocumentados con menos de dos años en el país.
La juez Ketanji Brown Jackson, de la corte del Distrito de Columbia, dio a conocer antes de la medianoche del viernes un fallo que frena la aplicación del programa de "expulsión acelerada" anunciado el pasado 23 de julio por la Administración Trump, indicó el diario The Washington Post.
Las deportaciones expeditas, recordaron medios locales, se aplican a inmigrantes indocumentados capturados en los 14 días siguientes a su entrada al país y dentro de un área de 100 millas (160,9 kilómetros) en el territorio estadounidense delimitada a partir de la frontera con México.
La medida del 23 de julio, firmada por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, amplía este procedimiento a las personas indocumentadas en cualquier parte del país que no puedan probar que han permanecido de forma continua durante dos años o más.
La normativa está dirigida a los extranjeros que están en el país "sin haber sido admitidos" o quienes permanecen "en libertad condicional luego de la inspección de un agente de inmigración en un puerto de entrada", proceso que se aplica para los solicitantes de asilo.
Al amparo de esa directriz, el extranjero que sea colocado en un proceso de deportación "acelerada" y que manifieste su intención de solicitar asilo al expresar temor a ser perseguido, torturado o de regresar a su país "será entrevistado por un oficial de asilo" que determinará su tiene "un temor creíble".
"Si el oficial de asilo determina que el extranjero ha establecido un temor creíble; el extranjero será remitido a un juez de inmigración para que siga considerando su solicitud de asilo", reza el documento publicado en el Registro Federal, pero en caso contrario será deportado sin haber tenido acceso a una audiencia migratoria.
La publicación BuzzFeed.News indicó que la decisión de la jueza entra en vigor de inmediato y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no podrá hacer cumplir la política mientras avanza el proceso de apelaciones.