El Tribunal Superior de Londres ha autorizado este lunes al periodista australiano Julian Assange a recurrir en otra audiencia futura dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibiría si fuera extraditado a ese país. Así la Justicia británica frena la extradición de Assange a EEUU, donde se le imputan varios delitos por la difusión de miles de documentos secretos, y le permite seguir recurriendo en el Reino Unido.

El fundador de WikiLeaks tenía una vista este lunes a la que no asistió por razones de salud, según su abogado Edward Fitzgerald. El australiano de 52 años no estuvo presente en persona en la audiencia, pero sí su defensa que presentó sus alegatos.

La defensa de Assange ya había solicitado en febrero la impugnación de la mayor parte del caso para evitar su extradición. Sin embargo, los jueces encargados del caso rechazaron la mayoría de argumentos de los abogados pero sí pidieron a Estados Unidos garantías a la seguridad de Assange.

Los representantes de Assange han advertido durante la vista de que aunque la Administración de Joe Biden brinde garantías, la Justicia estadounidense podría aplicar la ley "independientemente de lo que haga o diga el Ejecutivo", según recoge la cadena británica de noticias Sky News.

Por su parte, el representante del Gobierno estadounidense ha insistido en que la Justicia de Estados Unidos "tendrá debidamente en cuenta esta solemne garantía dada por su Gobierno en el curso de las relaciones internacionales". El Gobierno del Reino Unido ya dio luz verde al traslado en junio de 2022, pero Assange, que llegó a permanecer cerca de siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha tratado de bloquearlo por todas las vías posibles.

Sobre él pesan cargos por violar la ley de espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel. En las vistas de febrero, los abogados del fundador de WikiLeaks pusieron en duda que pudiese recibir un juicio justo en Estados Unidos y reivindicaron que en este proceso están en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones de Assange entrarían dentro del ámbito del periodismo y merecerían especial protección.