La Policía ha liberado a 259 personas que se encontraban esclavizadas en un centro de detención ilegal ubicado en una mezquita de la ciudad de Ibada, en el suroeste de Nigeria.

El comisario Shina Olukolu ha confirmado que se trata de 34 mujeres, 191 hombres,11 niños y "23 enfermos que supuestamente habían estado detenidos y encadenados entre dos y diez años".

Un joven de 17 años, que logró escapar de un lugar similar en Ibadan, fue quien alertó a las fuerzas del orden. Este, según ha explicado Olukolu, "dijo que las víctimas eran maltratadas y mal alimentadas, se les trataba como esclavas y realizaban trabajos forzosos. Y, a menudo, las muertes no se comunicaban a nadie".

"Cuando la Policía llegó allí, descubrimos hombres y mujeres jóvenes en cautividad, en un especie de mazmorra. De hecho, la inhumanidad del hombre hacia el hombre se ha manifestado en este entorno", ha señalado el comisario.

Nueve personas han sido detenidas en relación a este hallazgo, entre las que se incluye el dueño del centro.

No es un hecho aislado

No es la primera vez que se conoce un suceso de este tipo. Estos centros, que se conocen como Almajiris, o escuelas islámicas, son especialmente habituales en el norte del país, donde la mayor parte de la población es musulmana; frente a una mayoría cristiana en el sur.

Se trata de lugares, usualmente correccionales, donde los alumnos aprenden los conocimientos básicos de la cultura islámica, así como versículos del Corán. Los jóvenes suelen ser enviados allí por sus padres con el objetivo de que estos modifiquen su comportamiento o abandonen malos hábitos como el consumo de drogas.

A finales del pasado septiembre, 300 personas fueron liberadas de un centro de este tipo en la ciudad de Koduna. Las víctimas, que se encontraban encadenadas por los tobillos, habían sido sometidas a torturas y abusos. Además, el pasado 19 de octubre, otras 147 personas fueron rescatadas en otro local parecido de la misma ciudad.

A raíz de los múltiples incidentes, el Gobierno nigeriano prometió investigar estas prácticas, afirmando que "ningún gobierno democrático responsable toleraría la existencia de cámaras de tortura y abusos físicos de los internos como forma de rehabilitación".