Lola Gutiérrez se enfrentará a un juicio en una corte griega, previsible en ausencia, por los presuntos delitos de contrabando de personas en grado de tentativa y uso de documentación indebida, después de que intentara ayudar a un menor refugiado a salir de Grecia en 2016.

A la sesión, aplazada el pasado 28 de noviembre y programada para el 18 de diciembre a las 09.00 hora local (07.00 GMT) en el Tribunal de Apelaciones de Atenas, acudirán familiares, amigos y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la que Gutiérrez es delegada sindical en la Diputación de Barcelona.

El espacio solidario y de alojamiento de refugiados City Plaza, un conocido hotel ocupado en el centro de la capital ateniense, organiza este lunes un evento en solidaridad con Gutiérrez, en el que participan miembros de CGT Cataluña. Además, han convocado una protesta frente al Tribunal de Apelaciones de Atenas, en paralelo a la celebración del juicio, para exigir la absolución de Lola y que no se criminalice la solidaridad.

Gutiérrez se enfrenta a penas de entre cinco y diez años de cárcel después de haber intentado ayudar a Ayad, un menor kurdo, a salir de Grecia para reunirse con su familia en otro país europeo. Para ello, intentó hacerlo pasar por su hijo en el aeropuerto, utilizando sus documentos de identidad, pero fueron descubiertos y detenidos.

Tras su detención, Gutiérrez pasó varios días en un centro de internamiento para extranjeros (CIE), a pesar de haber quedado en libertad sin fianza con cargos. Gutiérrez fue expulsada y declarada "persona peligrosa para la seguridad nacional" por la policía helena, por lo que se le prohibió su entrada en el país hasta 2023.

No se espera que Gutiérrez acuda al juicio pues, según explicó su abogado Panayiotis Papayeoryiu, la Policía podría detenerla por violación de la prohibición de entrada en el país que pesa sobre ella, incluso, si el Tribunal la declarase inocente de los cargos de contrabando de personas y uso de documentación indebida.

Además, Papayeoryiu señaló que, en caso de ser condenada, el Estado griego podría pedir a España que cumpla su pena en su patria, pues los delitos que se le han imputado existen también en el Código Penal español.