El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha rodeado este lunes de los 27 gobernadores del país para cerrar heridas tras el intento de golpe de estado del pasado domingo, en el que miles de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los principales poderes, unos "golpistas", ha dicho el mandatario, que carecían de agenda negociadora o reivindicaciones.
"Lo que pasó estaba previsto. Las personas en las calles y frente a los cuarteles no tenían agenda ni reivindicaciones", ha dicho Lula durante la reunión de emergencia con los gobernadores y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial.
Para Lula, los miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que destruyeron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema solo querían "negar el resultado del proceso electoral, intentando demostrar que hay fallos, inexistentes, en las urnas".
"El resultado electoral fue respetado por una buena parte de la sociedad. Las veces que perdí (en elecciones) volvía para casa a prepararme ya para el próximo pleito electoral", insistió.
Los bolsonaristas radicales estaban acampados desde hace dos meses frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar con un golpe de Estado contra Lula, quien el 30 de octubre venció a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral.
"Del golpe era la única cosa que se escuchaba hablar" en los campamentos, desmontados este lunes por los organismos de seguridad después de una decisión de la Corte Suprema, apuntó Lula.
Según el mandatario, el nuevo Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero, tenía "diez ministros para negociación" con los manifestantes.
Pero, ha cuestionado, "estaban frente a los cuarteles ¿reivindicando qué? ¿Aumento de salario, más libertades, vivienda, retoma de la producción agrícola? No, solo el golpe".
Según el jefe de Estado, las más de 1.200 personas detenidas durante el asalto a los tres poderes el domingo y en los campamentos levantados este lunes "van a permanecer presas", aunque ha admitido que "posiblemente son víctimas" y "masas de maniobra de mandantes".
"Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar", manifestó el exlíder sindical.
En la reunión, el gobernador de Sao Paulo y exministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ha reivindicado la "pacificación" para que la "democracia brasileña se vuelva todavía más fuerte" con "gestos de todos los poderes" y de los gobernadores.
Otro escudero de Bolsonaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ha señalado en la reunión que "las instituciones no van a parar" y que se tomarán medidas contra "ese grupo que intentó dejar la democracia agachada".
Ya la presidenta del Corte Suprema, Rosa Weber, ha manifestado a los gobernadores que la depredación en el interior del Palacio de Justicia la "entristeció de manera enorme", pero que ese "lugar histórico", lleno de "simbología", será "reconstruido".