El Gobierno de Francia ha recurrido a un instrumento constitucional que evita someter a votación en la Asamblea Nacional gala la reforma de las pensiones, después de constatar que carece de la mayoría suficiente para sacar adelante uno de los proyectos estrellas del presidente, Emmanuel Macron.

Macron, que ha mantenido contactos durante todo el día con distintos actores políticos, ha reunido de urgencia al Consejo de Ministros para que éste avale recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, en virtud del cual el proyecto saldrá adelante independientemente de su nivel real de apoyo.

Ya ante la Asamblea, la primera ministra, Elisabeth Borne, ha confirmado la invocación de dicho artículo, en un tenso inicio del pleno cargado de reproches y con exhibición de pancartas incluida. "Si todos votaran en conciencia y en consonancia con sus posiciones pasadas, no estaríamos aquí esta tarde", ha criticado.

El 49.3 abre la puerta a que la oposición ponga sobre la mesa mociones de censura contra el Gobierno, algo de lo que Borne ha dado ya por sentado, sin "ninguna duda".

De hecho, ya ha ocurrido en varias ocasiones durante esta legislatura, con mociones en las que incluso han sumado votos la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) y la ultraderechista Agrupación Nacional. Ambos bloques han confirmado que volverán a presentar sendas mociones, si bien la oposición necesitaría de nuevos aliados para tumbar al Ejecutivo.

La ultraderechista Marine Le Pen ha anunciado que "evidentemente" activarán una votación contra el Gobierno, ya que considera que está actuando contra la posición de la mayoría de los partidos que conforman el Parlamento y, por extensión, contra los intereses de "una mayoría de franceses".

Antes de la votación de la Asamblea Nacional, el Senado ha respaldado este jueves por la mañana la reforma impulsada por Macron, con 193 votos a favor y 114 en contra. Borne ha intentado hacer ver durante su discurso vespertino que no es ya un proyecto del Ejecutivo sino del conjunto del Parlamento.

El miércoles, cientos de miles de personas volvieron a salir de nuevo a las calles de las principales ciudades de Francia, por octava vez, para cuestionar una reforma que plantea, entre otras cuestiones, elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima.