La Administración Trump ha presentado una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes legales cuando se hayan convertido en una "carga pública" para el país, según determinen las autoridades.

Se prevé que entre en vigor el 15 de octubre, aunque las posibles demandas legales que salgan en su contra podrían ralentizar el proceso.

De acuerdo con esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en EEUU será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Cómo funciona la nueva normativa

"En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses", detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Los beneficios públicos que reciben los inmigrantes incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado coste de los medicamentos en EEUU, entre otros.

"Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una 'green card' (permiso de residencia permanente"), subrayó Cuccinelli.

De esta forma, el Gobierno de Trump conseguiría reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se permite ingresar y residir en el país. En caso de comprobar que el inmigrante legal es dependiente de los fondos públicos para subsistir, se le cancelaría su estatus migratorio legal. "A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos", dijo Cuccinelli.

No obstante, la nueva medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en EEUU. Pero también puede determinar la concesión de un visado legal, al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero "es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública".

Algunos analistas políticos han considerado que estos últimos movimientos de Trump en materia migratoria tienen como objetivo agitar a su base de votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre de 2020.