El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que "la defensa de los Derechos Humanos debe realizarse sin ningún tipo de discriminación", tal y como ha recogido Stephane Dujarric, portavoz de Gueterres, en un comunicado.

"La legislación aprobada está en clara violación con los principios expresados", ha manifestado. "Mientras las personas se enfrenten a la criminalización, los prejuicios y la violencia por su orientación sexual, identidad de género o características sexuales, debemos redoblar nuestros esfuerzos para poner fin a estas violaciones", ha añadido.

La nueva legislación de Brunéi estipula la pena de muerte para la violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones extramatrimoniales en el caso de los musulmanes, el robo y el insulto o la difamación a Mahoma.

Asimismo, contempla latigazos para las mujeres que aborten y amputaciones a los condenados por robo, al tiempo que criminaliza exponer a niños musulmanes a las creencias y prácticas de cualquier otra religión distinta al Islam.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó el lunes a Brunéi que suspendiera la aplicación de estas modificaciones al Código Penal y resaltó que el mismo "supondría un duro varapalo para la protección de los Derechos Humanos del pueblo de Brunéi".

En este sentido, subrayó que el Derecho Humanitario impone restricciones estrictas al uso de la pena de muerte, existente en el país pero abolida en la práctica. La última ejecución en Brunéi fue llevada a cabo en 1957.

Brunéi fue el primer país en introducir la ley criminal islámica en 2014, cuando anunció el primero de los tres pasos de cambios legales que incluían multas y cárcel por ofensas como el embarazo fuera del matrimonio o no rezar los viernes.

La homosexualidad es ilegal en Brunéi y es punible hasta con 10 años de encarcelamiento, pero los cambios previstos incluyen los latigazos y la lapidación para los musulmanes que sean condenados por adulterio, sodomía o violación, según han alertado grupos de Derechos Humanos.

Las actitudes socialmente conservadoras son una constante en el sureste asiático. Birmania, Malasia, Singapur y Brunéi tienen prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que en Indonesia ha habido un aumento de los ataques contra el colectivo LGTB en los últimos años.

Brunéi, un antiguo protectorado británico de unos 400.000 habitantes enclavados entre dos estados malasios en la isla de Borneo, es el primer país del este asiático en adoptar el componente criminal de la 'sharia' a nivel nacional.