"Con tanta gente vulnerable y desamparada viviendo en un área reducida, los asentamientos se han convertido en un objetivo de oportunistas traficantes de personas que buscan explotar a los refugiados", dijo Irine Loria, del área de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bangladesh.
Sólo en el campamento de refugiados de Kutupalong y los asentamientos adyacentes viven algo más de 600.000 personas, la mayor parte de ellas llegadas desde Birmania tras el estallido de violencia contra los rohinyás el pasado 25 de agosto, que empujó hasta Bangladesh a alrededor de 671.000 miembros de esta minoría.
Desde entonces la OIM ha identificado al menos 40 casos de víctimas de tráfico de personas en los campamentos, "pero esos números están lejos de ser representativos de la situación actual y el impacto sobre las comunidades en riesgo", explicó Loria.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las posibilidades de que estas comunidades sean víctimas de este tipo de explotación aumentan cuando todo el sistema social y económico que las sustentaba se ha venido abajo.
"Es muy difícil cuantificar el número de refugiados vulnerables que se han visto atrapados en el tráfico de personas debido a la naturaleza oculta de esta actividad. Los casos confirmados son escasos y no muestran la amplitud del problema", aseguró la portavoz de ACNUR en Bangladesh Caroline Gluck.
Otra de las agencias de la ONU activas en la zona, UNICEF, también confirmó estar al tanto del problema, por lo que intentan evitarlo a través de labores de prevención, con grupos de adolescentes que advierten a otras jóvenes sobre los peligros a los que se enfrentan en esos océanos de chabolas sin luz ni ley.
En ocasiones las jóvenes que caen atrapadas en las redes del tráfico de personas son arrastradas fuera de los campamentos y explotadas sexualmente en urbes próximas como Cox's Bazar, centro turístico del sureste del país.