La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo ha reclamado este sábado seis años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms con 147 inmigrantes a bordo en 2019, cuando era ministro del Interior, en el marco de sus políticas antiinmigración.

La fiscal Marzia Sabella ha denunciado que el acusado"era consciente de la ilegitimidad de sus actos" y que "el rechazo consciente" de la nave "lesionó la libertad de 147 personas sin un motivo comprensible". Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloniy ministro de Infraestructuras, no ha acudido al tribunal a pesar de la importancia de este juicio, en el que está acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, por entonces titular de Interior, impidió durante 20 días el desembarco de la nave de salvamento de la ONG española Open Arms con 147 migrantes a bordo que habían sido rescatados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

La situación a bordo se volvió crítica, con decenas de personas esperando bajo el sol, entre ellos niños, heridos y personas que "bebían agua del mar" o se tiraban desesperadas por la borda, tal y como ha recordado la fiscal adjunta, Giorgia Righi.

El 14 de agosto, el Tribunal Administrativo del Lacio suspendió la prohibición y el barco pudo entrar en aguas territoriales italianas, acercándose a las costas de la isla de Lampedusa. Seis días después, el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, subió a bordo para comprobar la situación de sus ocupantes y ordenó su desembarco y confiscar la nave. Esa noche el buque atracó en el puerto de Lampedusa para desembarcar finalmente a 83 inmigrantes, pues el resto habían sido evacuadosanteriormente por motivos médicos.

Así terminó un primer pulso de Salvini y la ONG para después empezar la batalla en los tribunales, después de que en julio de 2020 el Senado votase a favor de permitir el proceso, dado que el ministro contaba con inmunidad. En estos meses Salvini ha alegado que su intención era proteger las fronteras y forzar un reparto de los migrantes en Europa y que sus políticas eran "compartidas" por el resto del Ejecutivo, una coalición entre su Liga y el Movimiento 5 Estrellas presidida por el ex primer ministro Giuseppe Conte.

Los argumentos de la Fiscalía

Otro de los fiscales de Palermo, Colagero Ferrara, ha sostenido en su intervención que este juicio "no tiene nada de político" sino que solo trata de juzgar "actos administrativos". Asimismo, ha expuesto que desde que Salvini asumió el cargo de ministro de Interior, en junio de 2018, las decisiones sobre desembarcos fueron trasladadas directamente a su gabinete: "Era el ministro quien decidía, este es un elemento clave", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha apuntado que el respeto por los rescatados en el mar debe estar por encima de todo. "Según las convenciones internacionales, tampoco los criminales y terroristas, presuntos o reales, pueden ser abandonados en el mar. Deben ser salvados", ha esgrimido. "Hay un principio clave y no discutible: entre los Derechos Humanos y la protección de la soberanía del Estado, en nuestro ordenamiento los primeros deben prevalecer", ha sentenciado.

Su colega Sabella además ha defendido como "legítimamente comprensible" que el Open Arms rechazara el 18 de agosto desplazarse al puerto ofrecido por España, Algeciras, por estar demasiado lejos cuando el barco estaba ya ante Lampedusa, el puerto más cercano para las leyes del mar.

Salvini: "Me declaro culpable de defender Italia"

El político ultraderechista no ha acudido a la audiencia de Palermo, pero sí ha hablado del tema en una entrevista en el diario 'Libero', en la que achaca este juicio a "una venganza de la izquierda". "Afronto hasta 15 años de cárcel por haber mantenido la palabra dada a los electores. Volvería a hacerlo: la defensa de las fronteras ante los clandestinos no es un delito. Adelante, sin miedo", ha escrito a su vez en redes sociales.

Su abogada Giulia Bongiorno, que sí ha acudido a la vista, ha tachado de "un poco contradictoria" la postura de la Fiscalía por entrever en ella "una línea política", en declaraciones a los medios. La letrada, que en el momento de los hechos era ministra para la Administración Pública, pronunciará su alegato final el 18 de octubre y después se espera la sentencia en primer grado.

Posteriormente, Salvini ha lamentado la petición de la Fiscalía en un vídeo, compartido a través de las redes, en el que asevera que "nunca ningún Gobierno ni ningún ministro de la historia ha sido acusado o juzgado por haber defendido los confines de su propio país". "El artículo 52 de la Constitución italiana declara la defensa de la patria como un deber sacro del ciudadano. Me declaro culpable de haber defendido Italia y a los italianos. Me declaro culpable de haber cumplido mi palabra", esgrime.

"Me llamo Matteo Salvini, nacido en Milán el 9 marzo de 1973. Soy vicepresidente del Gobierno y entre junio de 2018 y septiembre de 2019 fui ministro del Interior. Hoy soy juzgado y puedo entrar en la cárcel porque en el Parlamento la izquierda ha decidido que defender los confines es un delito", ha reprochado, en alusión al levantamiento de su inmunidad.

En el vídeo, sostiene que al barco "en ningún momento se le impidió ir donde fuera excepto en Italia" porque el país transalpino "no podía seguir siendo el campo de refugiados de Europa". "Más de 20 días de navegación en el Mediterráneo reteniendo a bordo a todos estos 'clandestinos' [término usado por la ultraderecha italiana para referirse a los migrantes irregulares] cuando para llegar a España bastaban 72 horas. Esta nave española rechazó dos veces el desembarco en dos puertos en España y la ayuda de una nave militar enviada por el Gobierno español", sostiene. Mientras, la Liga, uno de los tres partidos de la coalición de Meloni, ha organizado protestas los dos últimos fines de semana de septiembre y una manifestación el 6 de octubre en su feudo, la localidad de Pontida.

Por su parte, el fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha expresado en un comunicado su satisfacción por la petición de la Fiscalía. "El de hoy es un día importante para la justicia italiana y europea. El caso Open Arms es un caso particular y único, diferente de los procesos contra las ONG: en este caso se impidió voluntaria y arbitrariamente el desembarco en Italia por parte del Ministro", dijo.

Asimismo, Camps ha destacado que durante este proceso se ha demostrado que las actividades de la ONG fueron "vigiladas por la Marina Militar, con un submarino, y transmitidas al Ministerio del Interior". "Estas grabaciones, realizadas por un submarino de la Marina y presentadas durante las audiencias del juicio, muestran que no hubo una intervención institucional dirigida al rescate de las personas a bordo, sino solo la voluntad de filmar acciones u omisiones que pudieran ser imputables", ha denunciado.