Miles de daneses llenaron este domingo los alrededores del Parlamento en Copenhague en protesta por los planes de su Gobierno de eliminar un festivo para aumentar el gasto en defensa a raíz de la guerra en Ucrania, una medida que ha puesto en pie a toda la oposición, los sindicatos, la Iglesia luterana y buena parte de la población. El plan forma parte del pacto de gobierno presentado hace dos meses por el Ejecutivo de la socialdemócrata Mette Frederiksen, que incluye también a los liberales y a un nuevo partido de centro. Pretende que el Estado danés recaude así 3.200 millones de coronas (430 millones de euros) que ayuden a adelantar a 2030 el compromiso con la OTAN de destinar el 2 % del PIB a defensa.

"Espero que el Gobierno escuche, vea esto y constate que se trata de una cuestión popular y una acción que no debe realizar", dijo hoy en referencia a la protesta Lizette Risgaard, secretaria general de la Confederación de Sindicatos Daneses, que agrupa a 79 organizaciones sindicales y a 1,4 millones de trabajadores, en un país con una población de unos 5,7 millones. Los sindicatos, que han recogido más de 460.000 firmas en contra de la eliminación en una iniciativa en internet, han calificado la medida de "ataque directo" al modelo danés, que se basa en que son los actores del mercado laboral quienes negocian los convenios sin intervención del Gobierno.

El Ejecutivo danés ha presionado además a los otros nueve partidos con representación parlamentaria a que apoyen la reforma si quieren formar parte de las negociaciones para el próximo acuerdo de defensa, lo que ha provocado la protesta unánime de una heterogénea oposición, que incluye desde tres fuerzas xenófobas a ecologistas, social liberales y socialistas. En respuesta al plan gubernamental estos han presentado una propuesta de financiación alternativa y ocho de las fuerzas opositoras han pedido que se posponga la medida a las próximas elecciones legislativas, aunque la idea de los sindicatos de convocar un referendo sobre la cuestión ha generado más dudas.

La Constitución danesa permite convocar una consulta popular sobre una ley si un tercio de la Cámara la apoya, pero hasta el momento, solo la rojiverde Lista Unitaria y dos fuerzas xenófobas se muestran partidarias, sumando en total menos del 11% de los escaños. Un grupo de economistas, entre ellos dos exmiembros del grupo de asesores del Gobierno, ha puesto en duda el efecto real del plan y considerado más viable la propuesta de la oposición, que se basa parcialmente en un priorización del gasto público. La elección del festivo, el denominado Gran Día del Rezo, una festividad protestante que se celebra el cuarto viernes después de Pascua, ha chocado frontalmente también con la Iglesia nacional luterana.

Tanto los obispos daneses como varias organizaciones religiosas acusan al Ejecutivo de "ruptura marcante" con la tradición, mientras las juventudes socialdemócrata y liberal se han manifestado también en contra del plan. Tampoco parece que la idea haya sido bien recibida por la población: un 62 % está en contra frente a un 27 % a favor, según un sondeo reciente, mientras otra encuesta apunta a que el Ejecutivo caería un 11,9 % y perdería la mayoría absoluta apretada que tiene de celebrarse elecciones ahora. El diario Politiken, el más prestigioso del país y considerado de centroizquierda, ha calificado el plan de "autogol incomprensible" y "una vinculación políticomoral poco seria".

Pero las críticas no parecen haber afectado al Gobierno, que se mantiene firme en su plan y pretende aprobar de urgencia la nueva ley a finales de este mes. "No creo que sea problemático que tengamos que trabajar un día más", ha dicho Frederiksen, reclamando "honestidad" en la discusión política, porque no hay dinero suficiente para financiar los "grandes gastos" en defensa y seguridad originados según ella por la guerra de Ucrania ni para la transición verde o la reforma sanitaria. La idea de un referendo ha sido también rechazada por Frederiksen, que no quiso reeditar el Ejecutivo en minoría apoyado por el centroizquierda con el que gobernó la pasada legislatura para apostar en su lugar por un modelo casi inédito en Dinamarca en el que se ha aliado con su rival histórico, el Partido Liberal.