El presidente del Tribunal Supremo de EEUU se planta ante Trump tras sus ataques a un juez por las deportaciones

El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ha contestado al presidente Donald Trump por sugerir que la forma de resolver una disputa judicial era mediante un juicio político al juez. En un comunicado poco común, Roberts ha escrito: "Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito".

Las palabras de Roberts llegan tras el mensaje de Trump en sus redes sociales en el que se mostraba a favor del juicio político a un juez federal. Concretamente, el foco de sus ataques fue el juez de distrito James Boasberg, la persona que ordenó al gobierno detener la destitución de presuntos pandilleros venezolanos, que, según Trump, está autorizada por una ley del siglo XVIII, históricamente utilizada solo en tiempos de guerra.

"Solo hago lo que los votantes querían que hiciera. ¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser desechado!", escribió Trump en sus redes sociales. Roberts, un conservador nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, y Trump, recuerda una declaración que hizo en 2018, cuando Roberts defendió la independencia del poder judicial tras los persistentes ataques de Trump durante su primer mandato.

"No tenemos jueces de Obama ni de Trump, ni de Bush ni de Clinton", declaró Roberts entonces, añadiendo: "Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que hacen todo lo posible por garantizar la igualdad de derechos a quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos".

Trump, quien ha nombrado personalmente a tres de los jueces de la corte de nueve miembros, calificó de "juez Obama" a un juez que falló en contra de su política de prohibir el asilo a ciertos inmigrantes. El 15 de marzo, Trump afirmó que su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 autorizaba a su administración a eludir los procesos migratorios normales para llevar a cabo la deportación inmediata de presuntos miembros del Tren de Aragua, una banda criminal que, según él, tenía una estrecha relación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Esta ley del siglo XVIII, que otorga a los presidentes la autoridad en tiempos de guerra para deportar a extranjeros cuya principal lealtad sea hacia una potencia extranjera, solo se había invocado en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, más recientemente, la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.