Cientos de personas se han manifestado en San Luis, Misuri, por el cierre de la última clínica que ofrece el servicio de aborto en la región, y las continuas regulacionesque el Estado ha impuesto sobre el territorio.

Misuri es uno de los seis estados de EEUU donde se ha regulado el aborto hasta tal punto que solo queda una clínica que lo practique; sin embargo, la inminente caducidad de la licencia de ésta y la negativa del Gobierno a renovarla por "prácticas deficientes", ha provocado una respuesta en masa sobre el asunto.

La manifestación también estuvo motivada por la aprobación de las "leyes del latido del corazón", que prohíben el aborto en todos los casos; estas se encuentran dentro de una campaña para presionar al Tribunal Supremo de que se replantee la decisión que tomó en 1973 de legalizar la interrupción del embarazo.

"Mi cuerpo, mi decisión", es lo que decían los manifestantes, que recorrieron el centro de San Luis hasta el edificio donde Mike Parson, gobernador republicano que aprobó estas leyes, tiene una oficina. Dos horas después, la policía arrestaba uno por uno a todos los activistas.

Pamela Merritt, activista de la organización Reproaction, alegó que las trabas al acceso al aborto afectan, sobre todo, a mujeres con bajos ingresos o pertenecientes a minorías como las afroamericanas o las latinas. "No existe la justicia económica sin justicia reproductiva. Nuestro derecho al aborto no puede debatirse", concluía al inicio de la manifestación.

Mientras todo esto pasaba, la red de clínicas 'Planned Parenthood' se presentaba a la primera audiencia judicial de la demanda que presentó contra el gobernador, y pedía que se pudiera renovar su licencia al menos mientras se estudiaban los méritos del caso.

Sin embargo, el gobernador de Misuri instó al juez a no obligarles a mantener la licencia porque, según él, hay "preocupaciones graves de salud" relacionadas con su trabajo.

El Estado insistió en llevar a cabo un total de siete entrevistas a trabajadores de la clínica de San Luis, lo cual ha sido rechazado por estos ante el miedo de quedar expuestos a cargos criminales. "Hemos visto cómo, año tras año, el Estado de Misuri ha cambiado las leyes, y no paran de cambiar los requisitos" para la clínica, denunció durante la marcha Kawanna Shannon, directora de los servicios quirúrgicos en la clínica de San Luis.

La directora también denunció que ya les habían "forzado a hacer exámenes pélvicos invasivos e innecesarios" y que las mujeres tienen que "esperar 72 horas" desde su primera cita con el médico hasta la operación para reflexionar sobre esta decisión. "Si se apaga la luz en Misuri, los abortos seguirán ocurriendo de forma ilegal, y se lo están poniendo muy difícil a las mujeres para que simplemente puedan vivir", concluía.