Un mes después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara en un discurso televisado el inicio de "una operación militar especial" en Ucrania que ha desembocado en una cruenta guerra con miles de muertos y millones de refugiados, su régimen se encuentra más aislado que nunca. Rusia es hoy un país absolutamente desconectado de la legalidad internacional, que se desenvuelve al margen de los principales tratados de protección de los derechos humanos y que tiene que afrontar al menos dos procedimientos judiciales que podrían llevar a sus jerarcas al banquillo de los acusados para responder por crímenes contra la humanidad.

La primera investigación judicial abierta por la guerra de Ucrania es la que instruye la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El fiscal jefe de este organismo, Karim Khan, visitó Ucrania el pasado 16 de marzo para empezar a recoger las pruebas que podrían utilizarse en un eventual juicio y mantuvo una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que se comprometió a "hacer todo lo posible para proteger a la población civil".

A pesar de que Rusia no firmó el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional -y por lo tanto, no reconoce este organismo-, la investigación cuenta con el soporte de que las dos partes aceptaron su jurisdicción en 2015 para que se investigaran los crímenes de guerra que han tenido lugar desde esa fecha en la región del Donbás, como consecuencia del conflicto entre ucranianos y prorrusos en el que derivó la denominada revolución del Euromaidán. Además, 39 países, entre los que se encuentra España, han solicitado a la Corte la apertura de esta investigación, como anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista en laSexta.

De forma paralela a este procedimiento, la Corte Internacional de Justicia -tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que dirime disputas entre estados miembros- ha abierto un segundo procedimiento por genocidio contra Rusia a instancias de las autoridades ucranianas. Las sillas vacías de la delegación rusa durante la vista que se celebró el pasado 7 de marzo es la imagen que mejor resume la desconexión de la legalidad internacional a la que se ha lanzado el régimen de Putin desde que ejecutó el inicio de la invasión.

Nueve días después del plantón ruso al tribunal de la ONU, el Pleno de la Corte ordenó a la Federación Rusa que detuviera "inmediatamente" las operaciones militares que está llevando a cabo en Ucrania y advirtió de que "ninguna unidad militar, grupo armado, organización o persona bajo su control" podía llevar a cabo "actos de agresión en Ucrania". La medida cautelar, sin embargo, no fue aprobada por unanimidad, ya que cosechó dos votos en contra: el del vicepresidente del tribunal, Kirill Gevorgian, de nacionalidad rusa; y el de la magistrada china Xue Hanquin.

A estos dos procedimientos hay que sumar los que ya han puesto en marcha algunas jurisdicciones nacionales. En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación para perseguir a posibles autores de matanzas y asistir a sus eventuales víctimas, aunque solo podrá actuar sobre personas que tengan nacionalidad española y a las que se les haya denegado la extradición, en virtud de las restricciones a la jurisdicción universal que el Congreso aprobó en 2014.

Fuera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Otro de los hitos que certifican la voluntad de Rusia de apartarse de cualquier orden legal internacional es su decisión de abandonar el Consejo de Europa, un organismo ajeno a la Unión Europea que tiene la misión de proteger y promover los derechos humanos en el continente y que regula el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.

El saldo de Rusia en este organismo habla por sí solo. Desde que aceptó su jurisdicción en 1996 hasta el año 2021, sus autoridades recibieron un total de 3.116 sentencias por vulneración de derechos humanos, de las que 2.943 resultaron condenatorias. Más de un tercio (1.299) estaban relacionadas con el derecho a la libertad y la seguridad, 998 se impusieron por el derecho a un juicio justo y 992 por trato inhumano o degradante a los ciudadanos que solicitaron amparo ante el Tribunal de Estrasburgo.

Se trata de unas cifras que, en el seno del Consejo de Europa, únicamente son superadas por las que presenta Turquía, que acumula 3.385 condenas sobre un total de 3.820 sentencias. Ucrania, por su parte, cuenta con 1.659 condenas de un total de 1.696 resoluciones judiciales y España, que se integró en el Consejo de Europa en 1977, suma 134 condenas de un total de 193 sentencias.

Pruebas evidentes de crímenes de guerra

Otra evidencia de que Rusia actúa al margen de la legalidad internacional descansa en el hecho de que en este primer mes de guerra en Ucrania ya han sucedido acontecimientos que, según la mayoría de expertos en Derecho Internacional, deben ser calificados como "crímenes de guerra", según la definición que los denominados Convenios de Ginebra establecieron en 1949 con el objetivo de evitar los desastres humanitarios que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial.

El caso más claro es el del "asesinato de civiles", constatado en los bombardeos de zonas residenciales, centros comerciales o incluso corredores humanitarios de evacuación que se han registrado en Ucrania en las últimas semanas. En esa clasificación de crímenes de guerra también se encuentran "la destrucción o devastación injustificada de poblaciones", algo que, según los testimonios de los supervivientes, está ocurriendo en ciudades asediadas como Mariúpol, así como "el robo de bienes públicos o privados", de los que hay testimonio en conversaciones intervenidas a soldados rusos y sus familiares.

El catálogo de crímenes de guerra se completa con el asesinato de prisioneros de guerra o náufragos de buques armados, las deportaciones para la realización de trabajos forzados, los genocidios contra una determinada población y la toma y ejecución de rehenes, a los que el Estatuto de Roma incorporó en 1998 la violación sistemática de mujeres y la violencia sexual.