El conflicto desatado en la región etíope de Tigray (norte) cumple este jueves un año en un momento en el que el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha logrado repeler la ofensiva del Ejército y ha obtenido incluso avances en regiones adyacentes, lo que hace temer una expansión de la guerra a nivel nacional. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, dio orden de lanzar la ofensiva el 4 de noviembre de 2020 en respuesta a un ataque perpetrado por el TPLF, que entonces gobernaba en Tigray, contra la principal base del Ejército en la capital regional, Mekelle.
El ataque y la posterior ofensiva fueron la materialización de las tensiones entre el grupo -el partido fuerte dentro de la coalición Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), que gobernó desde 1991- y el Gobierno central, encabezado desde 2018 por Abiy. Si bien las disputas empezaron en la vía política, dieron un drástico giro hacia la violencia el 3 de noviembre de 2020 con el ataque en Mekelle, lo que hizo saltar las alarmas internacionales ante el riesgo de que el conflicto desestabilizara el país y la totalidad del Cuerno de África.
Ante estos temores, Abiy afirmó el 9 de noviembre que la operación "está destinada a garantizar la paz y la estabilidad" y recalcó que "las preocupaciones sobre un descenso al caos por parte de Etiopía son infundados y el resultado de no entender profundamente el contexto". Sin embargo, el conflicto entra en su primer aniversario con el TPLF aún con el control de Tigray y con avances en Afar y Amhara, mientras que ha establecido lazos con el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), que también ha lanzado ataques en Oromía.
Cronología de un conflicto devastador
Las tensiones entre el Gobierno central y el TPLF se retrotraen a la llegada de Abiy al poder en abril de 2018 tras la dimisión de Hailemariam Desalegn tras dos años de protestas por parte principalmente de miembros de las comunidades oromo y amhara. Abiy, primer miembro de la comunidad oromo en ocupar el cargo, inició reformas y anunció decisiones consideradas por el TPLF como un intento de reducir su poder político y como una venganza contra altos cargos del grupo que estuvieron en el anterior Ejecutivo. Así, inició el desmantelamiento del EPRDF, integrado por cuatro partidos de corte étnico y sustituido por el Partido de la Prosperidad -en el que no está integrado el TPLF-, y activó un acercamiento con Eritrea que derivó en un acuerdo de paz con el presidente eritreo, Isaias Afewerki, enemigo acérrimo del grupo tigriña.
Estas medidas, aplaudidas internacionalmente, se vieron seguidas de un repunte de las tensiones interétnicas que dejaron cientos de muertos, situación achacada por Adís Abeba a una campaña de desestabilización por parte del TPLF a través de grupos asociados, entre ellos el OLA. Finalmente, el aplazamiento de las parlamentarias en dos ocasiones por la inseguridad y la pandemia fue visto por el TPLF como un intento de Abiy de consolidarse en el poder sin pasar por las urnas -especialmente tras la prórroga de su mandato por parte del Parlamento hasta la celebración de la votación-, por lo que optó por cortar lazos con Adís Abeba y celebrar comicios por su cuenta en la región.
El control de Mekelle, capital regional, es clave en la disputa entre bandos y siendo escenario de cruentas ofensiva
En este contexto, el TPLF llevó a cabo el 3 de noviembre de 2020 un ataque contra la principal base del Ejército en Mekelle que se saldó con un gran número de militares muertos y la captura por parte del grupo de un importante arsenal con el que, según Abiy, buscaba avanzar hacia Adís Abeba. Por ello, el primer ministro dio orden de lanzar una ofensiva en la que las tropas etíopes contaron con el apoyo de milicias de Amhara y de tropas eritreas, en una muestra de las nuevas relaciones entre Adís Abeba y Asmara y de la rivalidad entre Eritrea y el TPLF. El Ejército obtuvo durante los siguientes días importantes avances y terminó por hacerse con el control de Mekelle el 28 de noviembre, tras lo que Adís Abeba anunció la creación de una administración interina, mientras que el TPLF denunció abusos por parte de las fuerzas gubernamentales y eritreas y llegó a hablar de un "genocidio".
Así, el grupo inició tras ello un proceso de reorganización y rearme para su contraofensiva, que le permitió recuperar con Mekelle a finales de junio a pesar de que el Gobierno se negó durante semanas a reconocer que estaba perdiendo terreno. Finalmente, Abiy declaró un alto el fuego argumentando razones humanitarias en la región, azotada por un aumento de la pobreza y el hambre, algo rechazado por el TPLF, que exigió la retirada de tropas gubernamentales y lanzó ataques en Afar y Amhara. Desde entonces, el conflicto mantuvo un perfil relativamente bajo, si bien el primer ministro ordenó el 13 de octubre una nueva ofensiva tras jurar el cargo para un segundo mandato tras la celebración de las elecciones en junio, lo que ha recrudecido los combates.
El Gobierno ha dado muy poca información sobre la situación sobre el terreno y se ha limitado a confirmar bombardeos contra objetivos del TPLF en Mekelle y sus alrededores, si bien el grupo ha logrado avances y ha asegurado que los militares "están en desbandada". De hecho, el líder del TPLF, Debretsion Gebremichael, subrayó el lunes que "la única opción es destruir al grupo fascista y completar la defensa con una enorme victoria" y rechazó la posibilidad de iniciar negociaciones, mientras que Abiy ha denunciado que "fuerzas extranjeras" combaten del lado del grupo, sin dar más detalles.
En este contexto, los avances del TPLF en las ciudades de Dessie y Kombolcha, ambas en la región de Amhara, y los ataques del OLA -escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018- amenazan con provocar que la guerra acabe afectando a todo el país. El portavoz del TPLF, Getachew Reda, afirmó el martes en declaraciones a la BBC que ambos grupos -declarados como terroristas por Etiopía- han logrado entrar en contacto al norte de Adís Abeba, lo que supone una amenaza real para la capital etíope. Ante esta situación, el primer ministro ha hecho un llamamiento a la población para alzarse en armas contra el TPLF y ha declarado el estado de emergencia, mientras que las autoridades de Amhara y Oromía han decretado el estado de emergencia ante el riesgo de un deterioro de la situación.
Por su parte, los servicios de Inteligencia han pedido a los residentes de la capital que refuercen las precauciones mientras que llevan a cabo operaciones contra "nostálgicos del TPLF" y que no difundan "información falsa", según el diario 'Addis Standard'. Asimismo, las regiones de Afar, Harari, Gambella y la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR) han hecho llamamientos a la unidad frente al TPLF y han acusado al grupo de perpetrar ataques contra la población civil. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) resalta en su web que 5,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Etiopía y recoge un "desplazamiento a gran escala" en los alrededores de Dessie y Kombolcha a causa de los recientes combates.
"La entrega de ayuda humanitaria urgente ha estado dañada por la inseguridad y por la limitada presencia de socios humanitario", afirma, en medio de las denuncias sobre las trabas de las autoridades etíopes a la entrega de ayuda --de las que Adís Abeba acusa al TPLF-- y las críticas de Etiopía contra la ONU por un supuesto sesgo a favor del grupo. La situación amenaza con sumir al país en el "caos" que Abiy prometió que no tendría lugar, especialmente debido al deterioro de la situación humanitaria y a las denuncias sobre atrocidades por parte de las partes en conflicto desde hace cerca de un año, incluidas matanzas, violaciones y desapariciones forzosas.
África y la UE reclaman el fin del conflicto
Distintos líderes africanos han pedido el fin de la violencia en el país. El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, reclamó "el cese inmediato de las hostilidades" en Etiopía, una petición que también hizo el presidente de la vecina Kenia, Uhuru Kenyatta. Mahamat instó a todos los bandos de la guerra etíope "a entablar diálogos para buscar una solución pacífica en el interés del país. El presidente de la Comisión (secretariado) también exigió a las partes y sus líderes que "no tomen represalias en contra de la población y se abstengan de incitar al odio, la violencia y la división".
Kenyatta, por su parte, se unió a la petición de la organización panafricana e indicó que "los orígenes de esta crisis, por amargos e inaceptables que parezcan, no pueden seguir utilizándose como una justificación para el sufrimiento, asesinatos y guerra que ahora están envolviendo a Etiopía". "Los combates continúan, la cantidad de muertos sigue aumentando, los desplazamientos forzados persisten, y el sufrimiento y la emergencia humanitaria se han arraigado en el país", subrayó el mandatario keniano, en un comunicado publicado a última hora del miércoles.
En esta línea, los Estados miembros de la Unión Europea también han reclamado que las partes en Etiopía rindan cuentas por las violaciones de Derechos Humanos y los supuestos crímenes de guerra registrados en la región de Tigray, en el norte de Etiopía. En una declaración a Veintisiete, el bloque europeo se hace eco del informe de Naciones Unidas que documenta violencia étnica y tortura contra los civiles y combatientes, así como violencia sexual, destrucción de propiedades y de lugares religiosos, entre otras violaciones del Derecho Internacional.
La UE reitera que no existe una solución militar y llama a las partes del conflicto a implementar un alto el fuego con efecto inmediato y entablar negociaciones políticas sin condiciones previas"
El bloque exige el fin de estas prácticas y recuerda que estos episodios pueden suponer crímenes de guerra y de lesa humanidad. "Los responsables debe rendir cuentas de una forma independiente, imparcial y transparente. Deben estudiarse las atrocidades cometidas después de junio de 2021. La UE pide la rápida implementación de las recomendaciones del informe", ha apuntado. "La UE reitera que no existe una solución militar y llama a las partes del conflicto a implementar un alto el fuego con efecto inmediato y entablar negociaciones políticas sin condiciones previas", ha recalcado, insistiendo en que las tropas eritreas deben salir de territorio etíope.
Con respecto a la crisis humanitaria, que afecta a más de cinco millones de personas, la UE subraya la necesidad de "acciones inmediatas" para asegurar el acceso "total, continuo y predecible" a todas las zonas del territorio que atraviesa una situación de emergencia. Por ello, pide a todas las partes comprometerse para aliviar la situación de hambruna y paliar el sufrimiento de la población local e insiste en que cumplan con el Derecho Humanitario Internacional, incluyendo la protección de trabajadores humanitarios.