Un total de 17 manifestantes han muerto hasta este jueves en las movilizaciones de protesta contra el gobierno, nueve de ellos en esta jornada, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados. El foco de tensión estuvo este día en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó este jueves la muerte de 7 personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben "renunciar inmediatamente al cargo", y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.

Además, pide que se detenga de inmediato el uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Otros dos fallecidos en la jornada se reportaron en la norteña región de La Libertad. Este día entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron en varios puntos del país. Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se resentían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.

"Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas. De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo. Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una "medida de comparecencia con restricciones" para Torres. Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.